El gobernador tucumano busca frenar la orden judicial de normalizar el IPLA
NewsITe
El gobierno de Tucumán, encabezado por Osvaldo Jaldo, quedó en el centro de la escena institucional luego de presentar un recurso extraordinario de casación para intentar dejar sin efecto el fallo que ordenó finalizar en un plazo de 60 días la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). La medida judicial cuestionada apuntaba a poner fin a un esquema de intervención que, lejos de ser transitorio, se prolonga desde julio del año 2000.
La decisión de apelar contrasta con las declaraciones públicas del propio Jaldo, quien había manifestado que acataría el fallo y respetaría la división de poderes. Sin embargo, tras el análisis del caso por parte de la Fiscalía de Estado, la administración provincial resolvió recurrir a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para pedir que se revoquen puntos centrales de la sentencia 653, dictada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
La resolución cuestionada había concluido que más de 26 años de intervención desnaturalizaron por completo una herramienta concebida como excepcional y acotada en el tiempo. La Ley 7.243 establece que la intervención del IPLA no puede extenderse por más de 60 días corridos y dispone que, fuera de ese lapso, el organismo debe ser conducido por un Directorio integrado por un presidente y dos vocales titulares, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura provincial.
El recurso del gobierno provincial se estructura en cuatro ejes. En primer lugar, sostiene que los propietarios de salones de fiestas que promovieron el amparo no acreditaron un perjuicio concreto derivado de la forma de conducción del IPLA. Según la Provincia, los empresarios podían cuestionar multas, clausuras o cánones, pero no arrogarse el rol de “controladores” de la legalidad institucional del organismo.
Además, la presentación denuncia que el fallo habría aplicado criterios contradictorios al momento de evaluar la legitimación de los demandantes. Desde el Ejecutivo se argumenta que la Cámara estaba facultada para analizar la legalidad de las sucesivas prórrogas de la intervención, pero no para imponer una solución específica ni mucho menos fijar un cronograma de normalización, lo que se considera una injerencia en atribuciones propias de la administración y del Poder Legislativo.
Intervención prolongada y tensión política
La controversia se inscribe en un contexto de larga intervención del IPLA, actualmente a cargo de Dante Loza. Pocos días antes de conocerse el fallo, el Ejecutivo había dictado el Decreto 1.784/7, del 4 de agosto, por el cual prorrogó por otros 60 días la intervención. Aunque el decreto fue firmado antes de la sentencia, su entrada en vigencia casi coincidió con la orden judicial que dispuso la normalización del organismo, generando un escenario de superposición normativa y mayor tensión institucional.
Para la defensa provincial, la conformación del Directorio del IPLA involucra decisiones de gestión que dependen del Ejecutivo y requieren el acuerdo de la Legislatura, un poder que no fue parte del proceso de amparo. En ese marco, la Provincia remarca que la apelación es una herramienta procesal legítima y que aún no existe una sentencia firme que determine, en forma definitiva, cómo y cuándo debe concluir la intervención.
- La Ley 7.243 fija un límite de 60 días para la intervención del IPLA.
- El organismo permanece intervenido de manera casi ininterrumpida desde el año 2000.
- El conflicto expone tensiones entre el Poder Ejecutivo, la Justicia y el sector privado.
“El costo político surge de la diferencia entre el compromiso público de acatar la resolución y la decisión posterior de pedir que su parte central sea revocada”, señalan fuentes judiciales consultadas.
La Provincia dejó planteada también la reserva del caso federal, lo que abre la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si la Corte tucumana confirma el fallo y se cumplen los requisitos legales. Hasta que haya una definición, la intervención sigue vigente y la pulseada entre el discurso de respeto a la Justicia y la defensa de las atribuciones del Ejecutivo continuará siendo eje de debate en Tucumán y a nivel nacional.
