Reorganización del área de Seguridad en General Rodríguez
NewsITe
La Municipalidad de General Rodríguez avanza en una reconfiguración de su esquema de Seguridad que genera movimientos internos y preguntas sobre su implementación concreta. El intendente Mauro García resolvió separar las tareas de prevención municipal de las funciones vinculadas con Justicia y Política Criminal, y concentrar la primera de esas áreas en manos de Emanuel Juárez, actual responsable de Inspección General, Comercio, Tránsito y Control Urbano.
La decisión comenzó a conocerse públicamente el 23 de agosto, aunque hasta el momento no fueron difundidos el decreto correspondiente, el nuevo organigrama ni el detalle de recursos asignados a cada dependencia. En los hechos, el cambio implica que la seguridad preventiva, entendida como el manejo cotidiano de móviles comunales, cámaras, puestos fijos y coordinación local con las fuerzas bonaerenses, quedaría bajo la órbita de Juárez.
De acuerdo con la información relevada, Nicolás Rappazzo dejaría de intervenir en la prevención diaria para concentrarse en una secretaría enfocada en narcotráfico, bandas organizadas, política criminal y acceso a la Justicia. De este modo, las investigaciones más complejas y el diseño de estrategias contra el delito estructurado permanecerían en su ámbito, mientras que la gestión operativa del territorio se reubica en otra área del Ejecutivo.
Fuentes consultadas señalan que el intendente ya habría firmado el acto administrativo que habilita la nueva estructura. Sin embargo, hasta que el decreto no sea incorporado al Boletín Municipal o difundido con su numeración y articulado completo, no es posible conocer con precisión la denominación definitiva de cada secretaría, sus presupuestos, la nómina de funcionarios ni la fecha exacta de entrada en vigencia.
Competencias, límites y dudas operativas
La cartera que encabeza Juárez ya administra inspecciones comerciales, habilitaciones, tránsito, transporte y la Guardia de Ordenamiento Urbano. Al momento de asumir, el funcionario había aclarado que ese cuerpo está integrado por inspectores municipales, que no se trata de una fuerza policial y que no tiene facultades para realizar detenciones ante la comisión de un delito. Esa definición obliga a trazar con nitidez los límites entre el Municipio y las fuerzas provinciales.
En la provincia de Buenos Aires, la Policía y la DDI dependen del gobierno bonaerense, no de los intendentes. En cambio, los municipios intervienen en la gestión del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la atención de llamadas de emergencia, la disposición de cámaras y móviles comunales y la coordinación diaria con las fuerzas de seguridad. El cambio impulsado por García redefine justamente quién conduce estas herramientas y quién responde políticamente por su funcionamiento en General Rodríguez.
La reorganización llega luego de una serie de reclamos de comerciantes por robos y hechos violentos registrados durante julio. Representantes del sector mantuvieron reuniones con autoridades policiales, con Rappazzo y con Juárez, en las que se pidieron precisiones sobre la disponibilidad de móviles, los tiempos de respuesta y el alcance del monitoreo en el centro de la ciudad. Si bien algunos casos derivaron en detenciones, los encuentros dejaron expuestas diferencias internas sobre la conducción y coordinación de la política de seguridad local.
Impacto político y necesidad de mayor transparencia
Desde el punto de vista institucional, no se observan elementos que permitan afirmar que la división de áreas sea irregular. Los intendentes cuentan con facultades para reordenar su gabinete dentro del marco de la normativa municipal. La incógnita se concentra en el plano operativo: resta saber si la nueva Secretaría de Seguridad preventiva tendrá presupuesto y personal propios, si se crearán direcciones específicas y quién asumirá formalmente el vínculo diario con la Policía, el COM y el sistema de emergencias.
La separación de funciones también modifica la rendición de cuentas. Según la distribución que trascendió, Rappazzo mantendría la conducción de las políticas ligadas a investigaciones complejas y acceso a la Justicia, mientras que Juárez sumaría la prevención a las cuatro áreas de control que ya administra. Sin acceso al decreto completo, no es posible delimitar con exactitud dónde termina la responsabilidad de uno y comienza la del otro ante un operativo fallido, una falla en el monitoreo o una respuesta tardía frente a una emergencia.
La falta de publicación del decreto y del organigrama definitivo mantiene abiertas preguntas sobre recursos, jerarquías y responsabilidades en la nueva estructura de Seguridad de General Rodríguez.
García ya había adelantado a comienzos de agosto que trabajaba con Rappazzo en una redefinición de funciones y que el funcionario continuaría en el gabinete, orientado a la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. La confirmación de que la prevención recaerá en Juárez marca un nuevo capítulo en la política de seguridad municipal, que ahora deberá demostrar en la práctica si esta división mejora la coordinación con la Provincia y ofrece respuestas más claras a los vecinos y al sector comercial.
