La magistrada los citó para destrabar la disputa por la entrega de información relacionada con el “alter ego” de YPF y otras entidades.
La jueza federal del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, convocó a la República Argentina y a los beneficiarios del millonario fallo por la expropiación de YPF a una audiencia judicial. “El objetivo de la audiencia es destrabar el conflicto”, señalaron desde el tribunal. La reunión tendrá lugar el martes 15 de julio y se da en un contexto de tensión legal tras la apelación argentina.
El Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro, presentó dos escritos para solicitar la suspensión del fallo que obliga al Estado a entregar el 51% de las acciones de YPF. Sin embargo, antes de que Preska se pronunciara sobre ese pedido, Argentina decidió apelar directamente la decisión ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
La apelación se formalizó contra la sentencia del 30 de junio, que obliga a transferir el paquete accionario estatal a los fondos Burford y Eton Park, beneficiarios del fallo. El lunes 14 de julio vence el plazo para depositar las acciones en custodia en un banco neoyorquino. De no hacerlo, Argentina podría enfrentar sanciones adicionales.
Paralelamente, se espera que los fondos litigantes soliciten que la jueza ordene a la Argentina revelar si existen sociedades o instituciones que la representen en el extranjero, lo que sumaría presión sobre el Estado en medio del litigio internacional.
El trasfondo del caso
“Juicio por YPF: la jueza Preska convocó a Argentina y los beneficiarios del fallo para destrabar el conflicto”, es el capítulo más reciente de una disputa que comenzó hace más de una década. En septiembre de 2023, Preska falló contra la Argentina y la condenó a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. El monto, con intereses, ya asciende a US$17.750 millones.
La demanda fue impulsada por los fondos Burford y Eton Park, que adquirieron los derechos del grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, que tenía el 25% de YPF al momento de la nacionalización. Según argumentaron, el Estado argentino violó el estatuto de la empresa al no extender la misma oferta a todos los accionistas luego de expropiar el paquete de Repsol.
El presidente Javier Milei también se refirió al tema. “El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”, aseguró.
Mientras tanto, la estrategia del Gobierno se centra en frenar la ejecución de la sentencia y evitar la transferencia de acciones. La audiencia del 15 de julio será clave para definir los próximos pasos en una batalla judicial que aún está lejos de cerrarse.
