El decreto firmado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez habilita detenciones inmediatas de personas vinculadas al apoyo de la incursión estadounidense, permite suspender derechos, reforzar fronteras y otorga poderes excepcionales al Ejecutivo para garantizar la seguridad nacional.
El Gobierno de Venezuela decretó el estado de conmoción exterior y ordenó la búsqueda y captura inmediata en todo el país de cualquier ciudadano involucrado en la promoción o apoyo del ataque militar de Estados Unidos del 3 de enero, en el que resultó capturado el presidente Nicolás Maduro. La normativa dispone que fuerzas policiales nacionales, estatales y municipales ejecuten la medida sin demoras y remitan a los detenidos al Ministerio Público y al sistema de justicia penal.
El decreto, fechado el 3 de enero y divulgado este lunes, autoriza ampliar el control sobre fronteras y servicios estratégicos, así como adoptar restricciones al libre tránsito. Además, faculta al Ejecutivo a suspender el derecho de reunión y manifestación, requisar bienes considerados necesarios para la defensa y regular de manera excepcional la circulación de personas y vehículos dentro del territorio.
La disposición establece inicialmente una vigencia de 90 días, con posibilidad de prórroga por un período adicional equivalente si la situación lo requiere. También prevé reforzar la vigilancia en fronteras terrestres, aéreas y marítimas, junto con la militarización de infraestructuras estratégicas como servicios públicos, industria petrolera y otras áreas básicas del Estado.
El texto detalla que la presidenta encargada contará con poderes excepcionales durante la vigencia del decreto. Entre las facultades, se incluye dictar regulaciones temporales para rechazar acciones hostiles externas, restablecer el orden interno y proteger los derechos de la población. Asimismo, se le otorga la posibilidad de adoptar resoluciones adicionales destinadas a resguardar al pueblo venezolano y la soberanía nacional.
En el plano legislativo, el documento señala que el decreto deberá presentarse ante la Asamblea Nacional para su evaluación y eventual aprobación en un plazo máximo de ocho días desde su emisión. Los protocolos para los detenidos contemplan la observancia de garantías procesales y la supervisión del sistema de justicia venezolano.
Finalmente, la normativa instruye a los cuerpos de seguridad a implementar medidas enérgicas para contener cualquier actividad vinculada al apoyo de la incursión militar extranjera y proteger los sectores estratégicos ante posibles amenazas. El alcance de los poderes extraordinarios abarca restricciones al libre tránsito, suspensión de libertades específicas y acciones que la Presidencia considere necesarias frente al contexto de emergencia.
