Residentes de la calle Juan B. Justo interrumpieron durante dos horas el paso de camiones, argumentando que los mismos dañan las calles y las viviendas, además de generar suciedad.
El reclamo por el funcionamiento de la arenera Canteras del Paraná volvió a escalar este jueves, cuando frentistas de la calle Juan B. Justo, entre Leloir y San Lorenzo, interrumpieron durante dos horas el paso de camiones. Denuncian daños en las calles y las viviendas, suciedad y una convivencia cada vez más difícil con el tránsito pesado. Tras décadas de reclamos, cuestionan la falta de respuestas concretas y de controles efectivos.
La protesta se desarrolló en la zona portuaria de Ramallo, sobre una de las vías utilizadas por los camiones que se dirigen a la arenera. Los vecinos decidieron cortar preventivamente la circulación para visibilizar una problemática que, aseguran, arrastran desde hace aproximadamente 30 años y que continúa sin una solución definitiva.
El episodio expone una situación que excede el conflicto entre los frentistas y la empresa. También pone bajo la lupa el papel del Municipio, responsable de intervenir dentro de sus competencias para ordenar la circulación, controlar el cumplimiento de las normas y atender los problemas que genera el tránsito pesado en sectores residenciales. La persistencia del reclamo plantea una pregunta inevitable: ¿qué medidas concretas se adoptaron durante todos estos años para resolver una situación que los vecinos describen como insostenible?
Lara Caraballo, una de las participantes de la protesta, sostuvo que el levantamiento del corte no significa que el conflicto haya terminado. “Son 30 años de lucha y no estamos dispuestos a que esto siga”, afirmó, y advirtió que los vecinos mantendrán las medidas de protesta hasta que la actividad se retire de ese sector.
Según relató, los problemas se intensifican durante los meses de calor, cuando el polvo y la arena dificultan incluso permanecer en las veredas. También denunció el deterioro del asfalto, la acumulación de material en calles cercanas y posibles daños estructurales en algunas viviendas como consecuencia del movimiento constante de vehículos pesados.
La vecina cuestionó, además, las condiciones en las que circulan algunos camiones y reclamó que se cumplan las obligaciones vinculadas al mantenimiento de las calles, la limpieza y el riego. Se trata de planteos que requieren controles y verificaciones de las autoridades competentes, más allá de las denuncias de los frentistas.
Otro punto de tensión surgió durante la jornada, cuando, de acuerdo con el testimonio de Caraballo, se produjeron discusiones entre vecinos y representantes de la empresa. La mujer aseguró que recibió gritos e insultos y señaló que evalúan recurrir a herramientas legales para responder a lo ocurrido.
Desde la empresa, según indicaron los vecinos, existe voluntad de trasladar la actividad, aunque el principal obstáculo sería la falta de un predio alternativo. Mientras tanto, quienes viven en el lugar continúan soportando las consecuencias que denuncian.
El corte fue levantado, pero la advertencia quedó planteada: los frentistas aseguran que volverán a impedir el paso de los camiones si no hay avances. El conflicto vuelve a poner en discusión la convivencia entre la actividad productiva y las viviendas, pero también la capacidad del Estado municipal para intervenir antes de que los reclamos vecinales desemboquen en nuevos enfrentamientos.
