La Justicia de California rechaza un nuevo avance del Gobierno de Trump sobre el voto por correo

NewsITe
Un juez federal de California desestimó un pedido del Gobierno de Donald Trump para apartar del escrutinio más de 20.000 votos por correo correspondientes a electores cuya ciudadanía había sido puesta en duda por organismos federales. La decisión supone un freno a la ofensiva de la Casa Blanca sobre los comicios de medio término en Estados Unidos, donde el voto por correo volvió a quedar en el centro de la escena política.
El magistrado David Ormond Carter concluyó que aceptar el planteo oficial implicaría modificar sobre la marcha reglas electorales ya vigentes en el estado, con el riesgo concreto de dejar sin derecho al sufragio a ciudadanos estadounidenses plenamente habilitados. A la vez, remarcó que la Constitución reserva a los estados la facultad de organizar sus elecciones, por lo que consideró desproporcionada la injerencia del Gobierno federal en el proceso californiano.
El conflicto se originó el 15 de octubre, cuando el Departamento de Justicia demandó al estado de California y al condado de Los Ángeles, tras remitirles un listado de personas que dos agencias federales catalogaron como “probablemente extranjeras”. Sobre esa base, el Gobierno reclamó que los votos emitidos por esos electores no fueran contabilizados hasta verificar caso por caso la ciudadanía de cada uno.
Las autoridades estatales y locales cuestionaron de inmediato la precisión de la nómina y el método utilizado para elaborarla, y alertaron que se trataba de un mecanismo impreciso que podía incluir a ciudadanos naturalizados o a personas registradas correctamente. Carter coincidió con esas objeciones, calificó el procedimiento federal de verificación como falible y advirtió que introducir cambios técnicos durante una elección ya en curso podría generar serios problemas operativos en el recuento.
California envía boletas por correo a sus más de 23 millones de votantes registrados, lo que convierte a este sistema en una pieza clave de su engranaje electoral. Cuando se conoció el fallo, más de 3,7 millones de personas ya habían sufragado por anticipado de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de cargos locales y estaduales.
Apelación federal y contexto político
Tras la derrota judicial, el Departamento de Justicia anunció que apelará ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito y que pedirá una medida urgente para impedir que los sufragios cuestionados se incorporen al escrutinio definitivo. Ese mismo tribunal ya había rechazado días atrás un primer intento del Gobierno, debido a que el juez de primera instancia aún no se había pronunciado, aunque dos de sus tres integrantes manifestaron dudas sobre la solidez de los argumentos federales.
La demanda en California se inscribe en una serie de acciones del Gobierno de Trump para intervenir en las normas y procedimientos electorales de distintos estados, con foco en el voto por correo y la supuesta existencia de fraude. Esas iniciativas generaron fuertes críticas de sectores opositores, organizaciones de derechos civiles y especialistas en sistemas electorales, que alertan sobre el impacto de estas maniobras en la confianza pública y en la participación de minorías y comunidades migrantes.
- El juez Carter consideró que separar los votos podría excluir a ciudadanos habilitados.
- Más de 3,7 millones de electores ya habían votado por correo al conocerse la sentencia.
- El Gobierno de Trump insiste con cuestionar el voto por correo en varios estados.
“Imponer cambios técnicos durante una elección en marcha podría privar del voto a personas habilitadas”, advirtió el juez David Ormond Carter en su fallo.
Mientras se espera la decisión del Noveno Circuito, el caso se convirtió en un nuevo capítulo de la puja entre la Casa Blanca y las autoridades estaduales por el control de las reglas del juego electoral. El resultado final de esta disputa podría tener impacto no solo en el recuento de votos de California, sino también en futuros debates sobre hasta dónde puede llegar la intervención federal en los comicios de cada estado.

