La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó reunir pruebas sobre el paso del senador brasileño por Puerto Iguazú y su posterior viaje a Estados Unidos. Buscan determinar si funcionarios argentinos facilitaron su salida pese a las restricciones judiciales que tenía en Brasil.
La Justicia federal argentina avanzó con medidas preliminares para esclarecer las circunstancias en las que Flávio Bolsonaro abandonó el país rumbo a Estados Unidos. La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó obtener grabaciones de cámaras de seguridad e información oficial sobre los controles migratorios realizados al senador brasileño y su familia.
La decisión responde a un pedido de la fiscal Paloma Ochoa, en el marco de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios nacionales. La presentación busca determinar si existió colaboración ilegal para facilitar el traslado de Bolsonaro, quien tenía una prohibición judicial de salir de Brasil.
Entre las pruebas solicitadas figuran las filmaciones del aeropuerto de Puerto Iguazú correspondientes al 27 y 28 de octubre. También se requirieron informes a Migraciones sobre los controles efectuados a los pasajeros y al avión privado utilizado para viajar hacia Estados Unidos.
Investigan si hubo intervención de funcionarios argentinos
La Justicia también busca establecer si las autoridades nacionales recibieron comunicaciones oficiales de Brasil sobre las restricciones impuestas a Bolsonaro por el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal.
Según los registros migratorios, el dirigente brasileño ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre, acompañado por su esposa y sus dos hijas. Posteriormente, abordó un avión privado de la empresa Baires Fly que realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami.
La denuncia incluye presuntos delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros. Sin embargo, las medidas ordenadas son preliminares y todavía no implican que se haya comprobado alguna irregularidad.
En paralelo, la Justicia federal de Puerto Iguazú también solicitó documentación a partir de otra denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. Ambas actuaciones buscan esclarecer las condiciones en las que Bolsonaro atravesó territorio argentino y determinar si existieron responsabilidades de funcionarios públicos.
