Gendarmería, la Casa Rosada y la Justicia, en tensión por los audios de Spagnuolo
NewsITe
La investigación por presuntas coimas en la ya disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial, a partir de versiones cruzadas sobre el resultado del peritaje de los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.
Este jueves, la Casa Rosada difundió un comunicado en el que citó un supuesto informe de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional. Según ese texto, los especialistas no pudieron determinar la autenticidad de los audios y detectaron indicios de posible manipulación del material original.
De acuerdo con la versión difundida por el Ejecutivo, el estudio técnico habría identificado rasgos compatibles con una regrabación, cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas que no se condicen con un registro continuo. También se desliza que no sería posible descartar la utilización de herramientas de inteligencia artificial para alterar voces o recomponer diálogos.
Otro punto señalado en el comunicado oficial es la restricción técnica que habría enfrentado el peritaje debido a una cadena de custodia interrumpida antes de que Gendarmería recibiera los archivos. Esa situación, remarcan fuentes cercanas al Gobierno, limitaría la posibilidad de arribar a una conclusión categórica sobre el origen de las grabaciones.
Los tribunales relativizan el supuesto informe pericial
Sin embargo, en los tribunales federales de Comodoro Py la lectura es muy distinta. Fuentes judiciales consultadas por Noticias Argentinas indicaron que, hasta el momento, no ingresó al expediente ningún informe pericial firmado por Gendarmería. “No hay conclusiones de Gendarmería”, insistieron, relativizando así el comunicado difundido por la Casa Rosada.
Los audios en cuestión fueron el punto de partida de la causa ANDIS. En esas grabaciones, una voz atribuida a Spagnuolo describe un presunto esquema de retornos ilegales por parte de laboratorios y droguerías, que habría salpicado incluso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei. En uno de los pasajes, el interlocutor menciona a una “Karina” que recibiría un 3% de las coimas.
En otra parte de los audios, la misma voz asegura haber hablado con el propio presidente sobre el supuesto entramado de corrupción: “Vos sabés que están chocheando. Sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo”, se escucha decir, en referencia directa al jefe de Estado.
La información atribuida al informe de Gendarmería sostiene que no habría podido asignarse técnicamente las voces de las grabaciones a las personas imputadas en la causa. Esa dificultad, sumada a las dudas sobre la integridad del material, es utilizada por el Gobierno para cuestionar el valor probatorio de los audios.
La investigación sigue su curso más allá de los audios
Pese al ruido político que generó el cruce de versiones entre la Casa Rosada y los tribunales, en Comodoro Py restan dramatismo al debate sobre el peritaje acústico. Voceros judiciales remarcaron que el fiscal federal Franco Picardi cuenta con otros elementos de prueba en los que apoya la investigación, por lo que el avance de la causa no depende exclusivamente de la suerte de los audios.
- Los audios dieron origen a la denuncia por presuntas coimas en ANDIS.
- El Gobierno cuestiona su autenticidad y alerta por posible manipulación.
- En la Justicia dicen que no hay aún un informe pericial definitivo.
- El fiscal Picardi se apoya también en documentación y demás testimonios.
“No hay conclusiones de Gendarmería”, subrayaron fuentes judiciales al ser consultadas sobre el supuesto informe difundido por el Gobierno.
Mientras se aguarda la incorporación formal del peritaje al expediente, el caso suma tensión política por la eventual derivación hacia el entorno más cercano del Presidente. En paralelo, la disputa pública por la interpretación de los estudios técnicos vuelve a colocar en primer plano la relación entre el Ejecutivo y la Justicia federal en causas sensibles de presunta corrupción estatal.
