Detienen al fiscal general boliviano en una causa ligada al narco Marset

NewsITe
La crisis política y judicial en Bolivia sumó un nuevo capítulo con la detención del fiscal general del Estado, Roger Mariaca; del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y del exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Todos quedaron aprehendidos en el marco de las investigaciones por presuntos vínculos entre autoridades bolivianas y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, figura central de una causa que ya tiene derivaciones internacionales.
Según información difundida por medios locales y reconstruida por agencias internacionales, Mariaca y Zeballos fueron interceptados en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando regresaban de Sucre. Horas más tarde, Del Castillo fue detenido en el barrio de Sopocachi, en la ciudad de La Paz. También se reportó la aprehensión de otros funcionarios y de un oficial de la Policía, aunque al cierre de la jornada no se habían detallado oficialmente las imputaciones ni la autoridad que ordenó los operativos.
Las capturas se produjeron después de la difusión de un video grabado durante la detención de Marset, el 13 de marzo pasado en Santa Cruz. En esas imágenes, el narcotraficante menciona directamente a Mariaca, a Del Castillo y al capitán Rubén Aparicio, y asegura haber pagado 500.000 dólares para poder permanecer en territorio boliviano. Se trata, hasta el momento, de dichos del propio Marset, que requieren ser corroborados mediante una investigación independiente.
Contexto de la causa y reacción institucional
Desde la Fiscalía General se había rechazado previamente otra versión que vinculaba a Mariaca con una supuesta reunión con Marset antes de que el uruguayo fuera extraditado a Estados Unidos. El Ministerio Público exigió entonces pruebas concretas y remarcó que no tuvo participación en el operativo que culminó con la captura del narcotraficante.
Tras conocerse la aprehensión de Mariaca, funcionarios denunciaron un fuerte despliegue policial en la sede de la Fiscalía General en Sucre, donde se preparaba una conferencia de prensa para fijar posición sobre el caso. La situación jurídica del fiscal general, de Zeballos y de Del Castillo continúa pendiente de aclaración, en medio de acusaciones cruzadas y versiones contrapuestas dentro del propio Estado boliviano.
Visas revocadas y presión desde Estados Unidos
El escenario se vuelve aún más complejo porque las detenciones llegan apenas dos días después de que Estados Unidos revocara las visas de Mariaca, de Zeballos y de otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos. Washington acusó al fiscal general de presunta corrupción vinculada con la protección de actividades de narcotráfico, cargos que el propio Mariaca rechazó públicamente. En el caso de Zeballos, las autoridades estadounidenses no dieron a conocer una acusación individual específica.
- Revocación de visas a altos funcionarios bolivianos por parte de Estados Unidos.
- Investigaciones abiertas por presuntos vínculos con el narcotraficante Sebastián Marset.
- Denuncias de injerencia policial en la sede de la Fiscalía General en Sucre.
- Fuerte impacto político interno y cuestionamientos a la independencia judicial.
“No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”, había declarado días atrás Roger Mariaca, al referirse a las causas que impulsa la Fiscalía.
Entre esas investigaciones se encuentra el expediente contra el exasesor personal del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, detenido en el penal de Chonchocoro, así como causas vinculadas a las llamadas “narcomaletas” y al manejo de combustibles. Estos procesos ya habían encendido la polémica en el país andino y ahora se cruzan con el caso Marset, abriendo una etapa de fuerte tensión entre el poder político, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad.
Mientras se aguarda información oficial completa sobre los cargos concretos y las órdenes de aprehensión, el caso se consolida como uno de los mayores escándalos institucionales recientes en Bolivia, con derivaciones que podrían impactar tanto en la política interna como en sus relaciones con Estados Unidos y la región.

