“Prácticamente nada se avanzó en este sentido. Las demoras rondan entre 90 y 120 días”, precisaron a EL NORTE. Por otra parte, advierten que la ley 24.901 contempla derechos, pero no el presupuesto necesario. “El financiamiento queda afuera de la ley y se sostiene con un parche que hoy está colapsado”, indicaron, y observaron similares falencias en el nuevo proyecto que ya quedó en condiciones de ser tratado en el recinto en la próxima sesión ordinaria, prevista para el 19 de noviembre.
De la Redacción de EL NORTE
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Los prestadores de servicios en discapacidad de San Nicolás reclaman que persisten los atrasos en los pagos y que las demoras llegan hasta los cuatro meses. “Prácticamente nada se avanzó en este sentido. Las demoras rondan entre 90 y 120 días”, precisaron a EL NORTE. Al mismo tiempo, los prestadores locales –en consonancia con lo que plantean las organizaciones que representan al sector a nivel nacional– advierten que la ley 24.901 contempla derechos, pero no el presupuesto necesario.
“Establece que a la persona con discapacidad le corresponde transporte, terapias, centro de día, escuela especial, apoyos, etc. Es el nomenclador de prestaciones. Garantiza el derecho a la prestación integral, pero no crea un fondo propio para pagarlo, no dice de dónde sale la plata. El financiamiento queda afuera de la ley y se sostiene con un parche que hoy está colapsado. Es decir que la ley 22.431 abre la puerta al sistema de prestaciones básicas mediante el certificado único de discapacidad. La ley 24.901 garantiza las prestaciones como un derecho a través del nomenclador, pero no habla de financiamiento”, señalaron a este medio.
Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU) y Asociación Civil de Servicio de Traslados de Discapacidad (AcTDis) manifestaron la profunda preocupación por el futuro del sistema de prestaciones básicas.
“Existe un sistema mixto de financiamiento sostenido por los aportes y contribuciones del sistema laboral y, fundamentalmente, por el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) a través del Mecanismo de Integración, donde ARCA reintegra automáticamente los fondos. Desde nuestro sector insistimos en que nos preocupa severamente la falta de un blindaje presupuestario explícito y taxativo en el articulado. Al no quedar completamente blindado por ley, el financiamiento futuro de la discapacidad corre el riesgo de quedar sujeto a criterios discrecionales, lo que resta previsibilidad a la atención médica, terapéutica y educativa de miles de familias. El ritmo de las asignaciones dependerá de la dinámica de los ciclos fiscales. En este marco de optimización de los recursos existentes, la Superintendencia de Servicios de Salud nos informó que endurecerá las auditorías para resguardar el alcance y la transparencia de los fondos disponibles. También planteamos la necesidad de soluciones inmediatas a las trabas burocráticas y de transparencia que afectan a los prestadores”, concluyeron.
Tratamiento, el 19 de noviembre
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado emitió el miércoles pasado dictamen favorable para el proyecto de Ley de Discapacidad. La iniciativa, que reemplaza el régimen de emergencia vigente hasta el 31 de diciembre por un marco legal permanente, consiguió las firmas requeridas y quedó en condiciones de ser tratada en el recinto en la próxima sesión ordinaria prevista para el 19 de noviembre.
El consenso se destrabó luego de que el senador justicialista Carlos Linares anunciara el retiro de su proyecto de prórroga de la emergencia y respaldara la propuesta con media sanción de la Cámara Baja para “despejar la incertidumbre” del colectivo afectado. De todos modos, aclaró que “no es lo ideal” y que “es mucho lo que falta”. Ante esto, la senadora Alicia Kirchner, titular de Población y Desarrollo Humano, remarcó la urgencia de sancionar la normativa para “garantizar la mayor cobertura” antes del vencimiento a fin de año. Patricia Bullrich negoció el acuerdo a pesar del pedido de la Casa Rosada para hacer modificaciones. La iniciativa establece coberturas indexadas por inflación, fija las condiciones para el pago de pensiones y establece un cronograma para la cancelación de una deuda por las compensaciones a los prestadores, que fue estipulada en la ley de emergencia y nunca se pagó. Además, se exige incluir las partidas necesarias en el presupuesto para las prestaciones financiadas por la Nación, que son el programa Incluir Salud y las terapias que provee el PAMI.
