El oficialismo confirma el debate de la nueva ley de tierras para el 6 de agosto
NewsITe
El Gobierno nacional logró encauzar las diferencias internas en torno al proyecto de reforma de la ley de tierras y confirmó que el próximo 6 de agosto se tratará en el Senado la iniciativa que flexibiliza la venta de tierras rurales a extranjeros. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sellaron un acuerdo para conservar los cambios que habían sido consensuados con los senadores libertarios y los bloques dialoguistas.
Tras una reunión realizada en el Palacio Legislativo, de la que también participó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, Bullrich informó a la prensa acreditada que el ministro aceptó las modificaciones incorporadas al texto sobre tierras. “El 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados”, señaló la senadora, dando por superadas las tensiones que habían obligado a postergar la discusión en la sesión del 16 de julio.
Uno de los puntos que generaba mayor fricción estaba vinculado al rol de las provincias en la autorización de ventas de campos a inversores extranjeros. El dictamen habilita a las jurisdicciones a dictar sus propias normas, en el marco de un enfoque más federal sobre el uso del territorio. Bullrich remarcó que las provincias mantienen sus facultades para legislar, aunque consideró que no se espera una proliferación de leyes particulares que distorsionen el esquema general.
Según explicó la legisladora, Sturzenegger tenía dudas sobre el alcance de estos cambios, pero finalmente aceptó que se trata de una “mirada federal” que suma a las provincias en decisiones sensibles, especialmente en zonas fronterizas, con el objetivo de facilitar inversiones sin poner en riesgo la organización territorial del país.
Claves del proyecto y límites a la compra de tierras
El dictamen que llegará al recinto mantiene como eje la eliminación de varias restricciones para que empresarios extranjeros puedan adquirir tierras rurales, aunque incorpora límites específicos para evitar riesgos sobre la soberanía y el control estatal en áreas estratégicas.
- Cada provincia conserva la jurisdicción plena sobre el territorio dentro de sus límites y puede fijar el régimen jurídico aplicable a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
- Se prohíbe la adquisición de tierras rurales por Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización conjunta de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.
- Toda compra de tierras rurales por extranjeros deberá inscribirse en el Registro Nacional de Tierras Rurales, lo que permitirá un mayor control y trazabilidad.
- Para inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera, la operación requerirá también la aprobación de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.
- Se elimina el mecanismo de “silencio administrativo” que validaba automáticamente una venta si no había respuesta de las autoridades en seis meses.
“Es un proyecto consensuado entre todos los bloques, y no pone en peligro la soberanía, ya que la propiedad de la tierra no afecta la soberanía nacional; las leyes argentinas rigen para todos, sean nacionales o extranjeros”, enfatizó Bullrich.
Con este acuerdo político, el oficialismo confía en reunir el respaldo necesario para avanzar con una norma que busca atraer inversiones al sector rural, al tiempo que preserva potestades provinciales y refuerza el control estatal en áreas sensibles. El debate del 6 de agosto será clave para medir el peso real de los aliados y el margen de maniobra del Gobierno en una de las reformas más controvertidas del paquete desregulatorio.
