Gabriel Solano presentó una denuncia contra Milei en Comodoro Py por presunta desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El dirigente del Partido Obrero sostiene que el Gobierno mantiene sin ejecutar una medida cautelar que ordena recomponer salarios universitarios y actualizar becas estudiantiles.
El dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano denunció penalmente este miércoles al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación quedó radicada en los tribunales federales de Comodoro Py y apunta a determinar si ambos funcionarios desobedecieron una orden judicial que exige aplicar parte de la norma.
Solano pidió que la investigación también alcance a cualquier otro funcionario que pudiera haber intervenido, por acción u omisión, en el incumplimiento denunciado. En el escrito invocó posibles delitos de desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El planteo se apoya en una medida cautelar dictada a fines de 2025 que ordenó al Estado aplicar los artículos de la ley vinculados con la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles. Según Solano, esa decisión sigue vigente pese a que el Gobierno continúa sin ejecutarla.
Una cautelar que llegó hasta la Corte
El conflicto judicial se originó después de que el Poder Ejecutivo promulgara la Ley 27.795 pero suspendiera su ejecución hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento y las partidas necesarias. Esa condición quedó establecida en el Decreto 759/2025, firmado por el Gobierno después de que el Congreso insistiera con la sanción de la norma.
Frente a esa decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional, rectores y representantes del sector promovieron una acción de amparo. El 23 de diciembre de 2025, el juez Martín Cormick declaró inaplicable la suspensión para determinados artículos y ordenó al Estado cumplir de manera inmediata con la recomposición salarial y las becas.
La disputa siguió en instancias superiores. La Cámara confirmó la medida cautelar y, posteriormente, la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno, con lo cual la orden quedó firme.
Solano sostiene que, pese a esa secuencia judicial, el Poder Ejecutivo continuó sin aplicar la actualización ordenada. En su presentación calificó esa conducta como una situación de gravedad institucional y afirmó que el incumplimiento afecta de manera directa al sistema universitario público.
Qué dispone la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley 27.795 establece mecanismos para recomponer los ingresos del sector universitario. Entre otros puntos, dispone que los salarios de docentes y no docentes se actualicen de acuerdo con la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
También prevé una recomposición de los programas de becas estudiantiles, entre ellos Progresar, Manuel Belgrano y las becas de Enfermería. La norma contempla, además, herramientas para adecuar partidas presupuestarias y cubrir las erogaciones derivadas de su aplicación.
El Gobierno, sin embargo, sostiene que la ley no está incumplida sino suspendida en su ejecución por falta de financiamiento específico. Esa fue precisamente la interpretación incorporada en el Decreto 759/2025, cuya validez quedó luego cuestionada en sede judicial.
Una nueva escalada en el conflicto universitario
La denuncia penal agrega ahora un nuevo capítulo a una disputa que ya atravesó al Congreso, al Poder Ejecutivo y a la Justicia. Solano pretende que los tribunales determinen si la falta de cumplimiento de la cautelar puede traducirse en responsabilidad penal para Milei, Caputo u otros funcionarios.
El planteo se produce además en un contexto de renovada presión del sistema universitario por el deterioro salarial y presupuestario. Mientras el Gobierno mantiene su posición sobre el financiamiento, el conflicto vuelve a trasladarse a Comodoro Py con una acusación que busca poner el foco en el presunto incumplimiento de una orden judicial firme.
