El Senado retoma el debate por la reforma de la Ley de Salud Mental
NewsITe
El Senado de la Nación volverá a poner hoy en agenda la reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por el Gobierno nacional, en una discusión que concentra miradas por el aval a las internaciones involuntarias y la incorporación de las adicciones a las drogas como parte integral de la problemática de salud mental.
El plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General fue convocado para las 15, con el objetivo de avanzar en un dictamen que refleje los acuerdos alcanzados entre el oficialismo, bloques dialoguistas y ministros provinciales. La iniciativa, enviada al Congreso en abril, había quedado en suspenso por las fuertes diferencias en torno a las condiciones para disponer internaciones compulsivas.
La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, mantuvo el 24 de agosto una ronda de reuniones con titulares de carteras sanitarias provinciales y funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, en busca de destrabar los puntos más sensibles del proyecto. Desde el 20 de mayo no se realizaban encuentros formales en comisión, lo que evidenciaba la dificultad para alcanzar consensos entre el oficialismo y la oposición.
Claves de la reforma: internaciones y rol de la Justicia
Uno de los ejes centrales del texto que se discute es la regulación de las internaciones involuntarias. El borrador en estudio plantea que, para disponer esta medida, deberán intervenir al menos dos profesionales de la salud, uno de ellos médico y, de ser posible, especialista en psiquiatría. De este modo, se flexibiliza el esquema vigente, que exigía la intervención exclusiva de un psiquiatra.
Se mantiene, no obstante, el criterio de que las internaciones sin consentimiento solo podrán ordenarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros. Además, el abordaje deberá adaptarse a la edad, el desarrollo cognitivo y la situación afectiva y mental de cada paciente, reforzando el enfoque de derechos.
El proyecto prevé también cambios en los plazos y procedimientos de comunicación a la Justicia sobre cada internación involuntaria. En casos excepcionales, se ampliaría el tiempo disponible para informar y fundamentar la medida, con el argumento de brindar mayor margen para la evaluación clínica sin perder control judicial.
Adicciones, menores de edad y continuidad de la atención
Otro capítulo relevante de la reforma es la incorporación explícita del consumo problemático de sustancias dentro del abordaje de la salud mental. En particular, se establece que el tratamiento de niñas, niños y adolescentes con adicciones quedará a cargo de equipos interdisciplinarios con formación específica en población infanto-juvenil.
La iniciativa introduce la obligación de elaborar un plan de egreso desde el momento mismo del diagnóstico, como requisito asociado a toda internación. Ese plan deberá incluir el acompañamiento posterior, con el objetivo de facilitar la reinserción de la persona en su entorno familiar y comunitario.
- Notificación anticipada al representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos para coordinar el regreso al hogar.
- Diseño de dispositivos de seguimiento para evitar recaídas y favorecer el acceso sostenido a tratamientos ambulatorios.
El proyecto ratifica, además, la prohibición de crear nuevos manicomios o instituciones de internación crónica destinadas exclusivamente a personas con padecimientos de salud mental, un principio ya previsto en la normativa vigente. También se analiza suprimir artículos referidos a la Ley 26.827, vinculada al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, para acotar la reforma al corazón de la política de salud mental.
En el oficialismo confían en que las modificaciones introducidas permitan destrabar un debate sensible, en el que se cruzan la demanda de mayor capacidad de respuesta del sistema de salud con la defensa de los derechos de las personas con padecimientos mentales.
De lograr un dictamen de mayoría, el oficialismo buscará llevar la discusión al recinto en las próximas semanas. En el centro del debate quedará la tensión entre la necesidad de herramientas para intervenciones urgentes y las garantías para evitar abusos en las internaciones involuntarias.
