La ONG Usina de la Justicia avanzó con una presentación penal
NewsITe
La organización no gubernamental Usina de la Justicia presentó una denuncia penal contra la jueza bonaerense Marta Elba Pascual, magistrada que días atrás dispuso la suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La presentación, que busca que se investigue la conducta de la jueza, se inscribe en la fuerte polémica política y judicial que generó la medida cautelar.
Según informó la propia ONG en su cuenta de la red social X, la denuncia fue realizada a través de su apoderado, el abogado Fernando Soto, y se dirige concretamente contra Pascual por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. La entidad sostiene que la magistrada avanzó sobre facultades que corresponden al Poder Legislativo y al Ejecutivo, al dejar sin efecto de manera provisoria una ley ya sancionada por el Congreso Nacional.
Para Usina de la Justicia, la resolución que frenó la aplicación del Régimen Penal Juvenil es “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho”, ya que —según remarcan— vulnera el principio de división de poderes. Desde la ONG afirman que una jueza no puede revisar ni suspender discrecionalmente una norma que atravesó el debate parlamentario y fue promulgada como ley nacional.
Cuestionamientos al fallo y defensa del nuevo régimen
En paralelo a la denuncia penal, la organización pidió participar como amicus curiae en el habeas corpus colectivo que dio origen a la suspensión del régimen. De esta forma, busca aportar argumentos jurídicos en defensa de la vigencia de la nueva Ley Penal Juvenil y de la posición de las víctimas de delitos, un eje que la entidad considera central en su trabajo.
En su comunicado, Usina de la Justicia cuestionó que la jueza Pascual haya fundado su decisión en una “hipótesis de futuro”, al advertir sobre un eventual aumento de adolescentes detenidos y posibles problemas de alojamiento en institutos o centros cerrados. Para la ONG, ese razonamiento se basa en conjeturas y no en datos concretos sobre el sistema penal juvenil bonaerense.
La organización recordó además que el nuevo régimen fija un máximo de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a menores, prohíbe expresamente las condenas perpetuas y amplía el abanico de medidas alternativas a la cárcel. En esa línea, remarcaron que el texto legal prevé herramientas como programas de reinserción social, seguimiento comunitario y sanciones no privativas de la libertad, que —a criterio de la entidad— no fueron valoradas integralmente en la resolución judicial.
El rol de las víctimas y el escenario político
Otro de los puntos subrayados por Usina de la Justicia fue la necesidad de contemplar la perspectiva de las víctimas en el debate sobre la responsabilidad penal juvenil. La ONG cuestionó que, al dictar la suspensión del régimen, no se haya ponderado de manera equilibrada el impacto que la norma podría tener en quienes sufrieron delitos graves.
En un mensaje publicado en X, la organización fue tajante: “Usina de Justicia no dejará pasar el atropello de la jueza bonaerense Marta Pascual, quien suspendió la nueva Ley Penal Juvenil. Por las víctimas siempre”. Con ese tono, la entidad dejó en claro que su estrategia será dar la disputa tanto en el terreno judicial como en el de la opinión pública.
La resolución firmada por Pascual, además de frenar por 60 días el Régimen Penal Juvenil, convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10, en la que funcionarios provinciales de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles proyectan para implementar la nueva normativa. Usina de la Justicia ya solicitó, a través de su representante legal, poder participar en esa instancia.
La denuncia penal contra la jueza se conoció el mismo día en que La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires anunció que impulsará un pedido de juicio político contra Pascual, lo que suma un capítulo más a la tensión entre sectores políticos y el Poder Judicial por el alcance del nuevo régimen penal para menores.
Con este escenario, el futuro del Régimen Penal Juvenil quedará atado tanto a lo que resuelva la Justicia en las causas ya iniciadas como al debate político en la Legislatura bonaerense y en el Congreso, en un contexto donde se cruzan discusiones sobre seguridad, derechos de los adolescentes y reclamos históricos de las víctimas.
