En su comisión de Legislación del Trabajo, la Cámara de Diputados de la Nación puso en marcha el debate de distintos proyectos de Ley. Estos buscan establecer indemnizaciones económicas a ex agentes de empresas del Estado que se privatizaron durante el gobierno de Carlos Menem. Participó del encuentro Dardo Jara, ex trabajador de la Central Térmica de San Nicolás adquirida luego por AES. Alcanzaron la reparación los empleados de otras compañías en la misma situación, como por ejemplo Somisa.
De la redacción de EL NORTE
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Con la presencia de un representante de los ex agentes de la Central Térmica San Nicolás de Agua y Energía Eléctrica, la comisión de Legislación del Trabajo, debatió con ex trabajadores una variedad de proyectos de indemnización económica a los ex agentes de la Empresa Gas del Estado SE y de la ex Empresa de Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires (SEGBA SA), que no se hayan acogido al Programa de Propiedad Participada (PPP).
También se incluye en los proyectos a quienes en su momento trabajaban en la Central Térmica San Nicolás. En representación de ellos, estuvo Dardo Jara en la reunión de la comisión que preside la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos).
Al respecto, la diputada Siley expresó que convocaron a una reunión informativa para “trabajar con todos ellos, luchadores históricos de un derecho que les fue negado hace alrededor de 30 años, que es el derecho al resarcimiento en base al programa de propiedad participada”. También informó que la comisión solicitó un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) para que “hagan una estimación institucional sobre todos los proyectos que estamos teniendo en consideración”.
El beneficio alcanza a ex agentes de la empresa Gas del Estado SE y de Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires (SEGBA SA), que no se hayan acogido al Programa de Propiedad Participada (PPP).
“Nuestra historia empezó allá por el año 93 con el proceso de privatización por el cual nuestro país estuvo plagado por las privatizaciones que perjudicaron al país y a nuestras ciudades. Los compañeros de la ex Somisa empezaron a reclamar por su PPP. Por eso, terminó siendo la ex Presidenta Cristina de Kirchner quien firmó el decreto para pagarles. Nosotros, los ex trabajadores de Agua y Energía casi tuvimos la misma suerte en 2015. Se probó en Diputados y con el cambio de Gobierno de aquel año, eso no se trató y el proyecto se cayó por haber perdido su estado parlamentario. Por los compañeros que quedaron en el camino, por ellos y por nosotros, pedimos que este proyecto se apruebe”, explicó Dardo.
Más testimonios de trabajadores de Agua y Energía
En tanto, Jorge Galatti (SEGBA), calificó como “más que positiva esta reunión por las heridas abiertas que aún perduran”. “Hubo un plan de desguace con las privatizaciones, mientras empleados caían en la desocupación, los grandes grupos económicos tenían rentas extraordinarias garantizadas por ley en dólares, a partir de las empresas privatizadas que actualmente siguen fugando al exterior”. “Queremos que se nos salde la deuda”, sostuvo.
Jorge Peinador (Gas del Estado) aseguró: “hemos sido estafados, a algunos no se les ha avisado de los PPT”. Además, recordó que: “en 2015 tuvimos media sanción y pasó a Senadores. Tuvimos una reunión con las autoridades de ese entonces y no nos fue bien, así que sepan de qué lado están y sabemos quiénes nos abren la puerta”. Y reflexionó: “que lo sepan los trabajadores cuando vayan al cuarto oscuro. La política de los ´90 nos llevó a este desastre, suicidios y compañeros que no pudieron reinsertarse al mercado laboral. Hoy tienen la posibilidad de reivindicar nuestros reclamos”, advirtió.
Las iniciativas
Los proyectos de los diputados Hugo Yasky (FdT), Juan Marino (FdT), Romina del Plá (PO-Frente de Izquierda), entre otros autores, sostienen que “es responsabilidad del Estado Nacional, a través del Congreso, reparar el daño causado a aquellos trabajadores que, pese a tener derecho a quedar incluidos en el correspondiente Programa de Propiedad Participada de la sociedad continuadora a la que fueron transferidos, resultaron injustamente excluidos por haber cesado su relación de dependencia en el período que se extendió desde el día 17 de julio de 1992 y la efectiva suscripción del respectivo acuerdo general de transferencia”.
