Prisión preventiva para una imputada que violó la tobillera electrónica
NewsITe
La Justicia de Río Negro ordenó la prisión preventiva en una unidad carcelaria para una mujer que rompió su tobillera electrónica y se mantuvo prófuga durante varios días, pese a que cumplía arresto domiciliario en el marco de una causa por amenazas y lesiones contra una vecina.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial, la imputada estaba siendo monitoreada mediante un dispositivo georreferencial con GPS, medida alternativa a la prisión que le había sido otorgada mientras avanzaba la investigación judicial.
La causa se inició luego de que la mujer fuera denunciada por una vecina, a quien habría amenazado con prender fuego su vivienda y atacado con un ladrillo. Esos hechos motivaron una pesquisa de alrededor de cuatro meses y derivaron en la decisión de la Justicia de imponerle el arresto domiciliario, con control electrónico permanente.
Pese a esa disposición, la acusada destruyó la tobillera, abandonó su domicilio y se dio a la fuga. La rebeldía se extendió hasta que efectivos de la Policía de Río Negro lograron localizarla y detenerla, lo que fue notificado inmediatamente a la fiscalía interviniente.
Decisión judicial y argumentos enfrentados
En la audiencia de formulación del pedido de prisión preventiva, la fiscal Mariana Giammona reclamó que se revocara el beneficio del arresto domiciliario, al entender que la imputada había demostrado una «nula voluntad de someterse al proceso judicial» al romper el dispositivo y huir.
Por su parte, la defensora oficial María Laura Álvarez se opuso a la medida y solicitó que su clienta regresara a la modalidad de prisión domiciliaria. Entre sus argumentos mencionó la falta de cupos en las cárceles de la provincia y la necesidad de priorizar alternativas a la privación de la libertad en establecimientos penitenciarios.
El juez de Garantías Guillermo González Sacco escuchó a las partes y finalmente rechazó el planteo de la defensa. Hizo lugar al requerimiento de la fiscalía y ordenó que la mujer cumpla prisión preventiva en un penal por el plazo de un mes, mientras se define su situación procesal en la causa por amenazas y lesiones.
En su resolución, el magistrado sostuvo que la imputada «no reúne las condiciones» para continuar bajo arresto domiciliario, dado que ya había «vulnerado la confianza de la Justicia» al violar las reglas fijadas y evadir el control electrónico. Con la nueva medida, la acusada permanecerá alojada en una cárcel provincial hasta tanto se produzcan nuevas definiciones en el expediente.
«La imputada no reúne las condiciones para regresar a su vivienda, porque vulneró la confianza de la Justicia», fundamentó el juez de Garantías Guillermo González Sacco al ordenar la prisión preventiva.
La decisión se enmarca en el uso creciente de tobilleras electrónicas como herramienta para monitorear arrestos domiciliarios en la Argentina, y reabre el debate sobre los controles, el cumplimiento de las medidas alternativas a la prisión y la capacidad del sistema penal para responder cuando estas son violadas.
