El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, cuestionó la legalidad de la resolución aprobada durante una sesión extraordinaria y pidió una medida urgente para suspender los nombramientos
El diputado nacional y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, promovió una acción de amparo contra la Honorable Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025, mediante la cual se designaron nuevos auditores generales para integrar la Auditoría General de la Nación.
La medida judicial apunta a impugnar las designaciones realizadas durante la madrugada del 18 de diciembre y solicita, de manera urgente, que la AGN se abstenga de aceptar los nombramientos de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.
Cuestionamientos a la sesión y al procedimiento legislativo
En el escrito presentado ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Ritondo detalló una serie de irregularidades que, a su criterio, afectaron la validez de la sesión especial. Entre ellas, señaló que la moción para designar a los auditores fue introducida a las 02:55 por el diputado Gabriel Bornoroni sin formar parte del temario enviado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias.
El amparo también cuestiona que la moción se haya formulado sin precisar su naturaleza reglamentaria, sin dictamen previo de comisión y sin un pedido formal de apartamiento del reglamento. En ese marco, Ritondo calificó la votación como una decisión adoptada “entre gallos y medianoche” y al margen del debate público, lo que motivó el retiro del interbloque Fuerza del Cambio y de otras bancadas opositoras del recinto.
Planteo constitucional y antecedentes judiciales
La presentación sostiene que el Congreso no tiene facultades para incorporar temas por iniciativa propia durante sesiones extraordinarias, ya que la definición del temario es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo. Además, argumenta que la Auditoría General de la Nación, como órgano de control externo, debe mantener un equilibrio entre mayorías y minorías en su integración.
La demanda también plantea la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley 26.854 sobre medidas cautelares, al considerar que restringen el acceso a una tutela judicial efectiva y afectan la división de poderes. Finalmente, Ritondo citó antecedentes judiciales de 2015 en los que la Justicia frenó designaciones similares en la AGN por violaciones al procedimiento legislativo.
