Solicitan a Casación que rechace recursos de embargos presentados por la defensa de Ismael, Santiago y Manuel Passaglia, en la causa que se les sigue por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, solicitó a ese tribunal que rechace el recurso interpuesto por la defensa del ex intendente de San Nicolás Ismael Passaglia y sus hijos Manuel -actual jefe comunal- y Santiago Ismael –diputado provincial- contra la decisión de la Sala A Cámara Federal de Rosario, que el 29 de octubre pasado había confirmado la resolución que denegó el levantamiento de los embargos dispuestos sobre los bienes de los imputados en el marco de la causa en la que se los investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen ilícito.
El tribunal de alzada rosarino había dispuesto los embargos de inmuebles, automóviles y cuentas bancarias el 11 de septiembre de 2020, de conformidad con lo solicitado por el fiscal federal de San Nicolás Matías Di Lello y los fiscales generales –que sostuvieron su petición en la instancia revisora- Claudio Palacín y Javier Arzubi Calvo. En octubre del año pasado, el tribunal confirmó esos embargos, al rechazar un recurso de la defensa contra la decisión del juez de primera instancia de mantenerlos. Por esa razón, los imputados interpusieron recurso de casación, que le fue denegado, y luego una queja, que fue admitida por el máximo tribunal penal de la Nación.
El agravio de la defensa en su recurso ante la Cámara Federal de Casación fue la supuesta demora en contestar por parte de la fiscalía al traslado que le hizo el juez federal de primera instancia de la solicitud de levantamiento de las medidas cautelares, pues el expediente ingresó a la sede del MPF el 29 de junio de 2021 y la contestación se produjo el 3 de agosto siguiente. Por tal motivo, entendió que se había violado el principio acusatorio porque la denegación del pedido de levantamiento de las medidas se había apoyado en una expresión extemporánea del MPF y, por otro lado, indicó que se había violado el principio de proporcionalidad y razonabilidad dada la extensión temporal de las medidas cautelares y por desatención al principio de necesidad.
En el marco de la sustanciación de esa petición, la defensa advirtió que las medidas cautelares habían sido ordenadas oportunamente pero no dispuestas efectivamente, con lo cual también puso en duda el interés de la fiscalía en ellas.
El argumento
La Cámara Federal de Casación hizo lugar a la queja y se avocó al caso. Al contestar el traslado, el fiscal De Luca solicitó que se rechace la pretensión de la defensa. “El argumento de la defensa que afirma la ausencia de interés de parte del Ministerio Público Fiscal por la demora en contestar la vista conferida se asienta en un excesivo rigor formal que no puede ser contemplado” por el tribunal, indicó el fiscal general. Añadió que “la defensa no fundó ningún perjuicio derivado de esa circunstancia, que es lo único que daría cierto fundamento a su planteo, para evitar caer en situaciones de la ‘nulidad por la nulidad misma’ o ‘en el sólo interés de la ley'”.