Residuos peligrosos en la Patagonia: conexiones y controles en debate
NewsITe
Los empresarios Gustavo Gabriel Mauro, Fernando Javier Mauro y Gustavo Osvaldo Solari, vinculados desde hace años al negocio de los residuos hospitalarios, vuelven a aparecer en el radar público por su participación en emprendimientos ligados al tratamiento de residuos petroleros en la Patagonia. Registros oficiales y trabajos periodísticos permiten reconstruir un derrotero empresario que incluye ventas de compañías a grupos internacionales, adquisiciones societarias y proyectos ambientales en Neuquén.
El interés sobre este entramado se reactivó tras la investigación sobre Stericycle, la compañía estadounidense que admitió ante autoridades de Estados Unidos el pago de sobornos para asegurarse contratos en América Latina, incluida la Argentina. En paralelo, una nota publicada en 2020 por la periodista Susana Lara, en el portal El Cohete a la Luna, ubicó a los Mauro y a Solari en la firma Servicios Ambientales del Neuquén (SAN), dedicada al tratamiento de residuos peligrosos vinculados a la actividad hidrocarburífera.
Aquel trabajo periodístico detalló que Fernando Javier Mauro y Gustavo Osvaldo Solari ingresaron a SAN en 2016, mientras que Gustavo Gabriel Mauro y Federico José Fardighini se sumaron en 2019, en una etapa de expansión de proyectos para el tratamiento de residuos petroleros. La investigación describió instalaciones previstas para procesar materiales contaminados y planteó dudas sobre el grado de ejecución real de esas obras.
Instalaciones cuestionadas y tecnologías declaradas en Neuquén
Entre las tecnologías originalmente contempladas figuraban procesos de desorción térmica, lavado de suelos y distintos procedimientos físicoquímicos para la estabilización de residuos. De acuerdo con fuentes consultadas entonces, parte del material tratado habría sido dispuesto en celdas de seguridad, método habitual para el confinamiento de sustancias peligrosas.
Sin embargo, la publicación de 2020 advirtió inconsistencias entre lo proyectado y lo que efectivamente se ejecutó en el establecimiento ubicado cerca de Añelo, en la provincia de Neuquén, una de las zonas neurálgicas de la producción de hidrocarburos del país. La nota remarcó la necesidad de contrastar los estudios de impacto ambiental, licencias y modificaciones con los registros de recepción, tratamientos aplicados e inspecciones oficiales.
Esos antecedentes constituyen cuestionamientos de carácter periodístico y no alcanzan, por sí solos, para demostrar incumplimientos vigentes. Para determinar si las observaciones fueron subsanadas o si persisten posibles irregularidades, especialistas señalan que hace falta revisar en detalle la documentación administrativa y operativa posterior a 2020.
De Stericycle a nuevas sociedades ambientales
La presencia de los Mauro y Solari en el negocio ambiental se remonta al menos a la década pasada. Documentación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia registra que la firma TRI-ECO fue vendida al grupo Stericycle en 2013, en el marco de la expansión regional de la compañía estadounidense en el segmento de residuos peligrosos.
Más tarde, una publicación en el Boletín Oficial dio cuenta de una cesión societaria de 2020 que dejó a los tres empresarios con el 90% de participación en MEDAM B.A. S.R.L., otra empresa del rubro. Este recorrido muestra dos momentos clave: la transferencia de activos locales a un grupo extranjero y, años después, la recomposición de posiciones de control en una nueva sociedad orientada al mismo sector.
No obstante, expertos en derecho societario recuerdan que la existencia de vínculos empresariales o la participación en distintas compañías no permite, por sí sola, trasladar responsabilidades por hechos investigados en otra jurisdicción o período. Cada actividad y cada contrato deben analizarse de manera individual, con foco en la normativa vigente y en la evidencia documental disponible.
Qué es SAN y cómo declara tratar los residuos peligrosos
La documentación institucional identifica a SAN como Servicios Ambientales del Neuquén S.R.L., especializada en el tratamiento y la disposición final de residuos especiales o peligrosos. En su política integrada, con vigencia declarada desde enero de 2026, la empresa se compromete a cumplir con la normativa ambiental, garantizar la trazabilidad de la información y sostener mecanismos de transparencia frente a clientes y autoridades.
Según su sitio oficial, SAN opera una planta ubicada sobre la ruta provincial 7, a unos diez kilómetros de Añelo, en un predio de aproximadamente 200 hectáreas. La compañía afirma contar con habilitaciones locales y nacionales para el tratamiento de residuos peligrosos, entre ellos los derivados de la industria del petróleo y el gas.
Entre los servicios que declara se encuentran el acondicionamiento de corrientes líquidas, la formulación de combustibles alternativos y la disposición final en rellenos de seguridad. También describe procedimientos fisicoquímicos para estabilizar los residuos mediante reactivos seleccionados, con el objetivo de obtener materiales aptos para un depósito permanente y controlado.
Controles, trazabilidad y documentación clave
- Estudios de impacto ambiental y licencias que precisan qué actividades están autorizadas.
- Registros de recepción de residuos y certificados que detallan el tratamiento aplicado.
- Inspecciones y monitoreos oficiales para verificar el funcionamiento real de las plantas.
- Tecnologías autorizadas, su correcta operación y el destino final de los materiales tratados.
La trazabilidad de los residuos, desde su generación hasta la disposición final, es el elemento central para comprobar si las operaciones se ajustan a la normativa y a lo declarado por las empresas.
En el caso de SAN y de otras compañías que operan en la Patagonia, la atención se concentra en la correspondencia entre los compromisos ambientales asumidos, las tecnologías efectivamente utilizadas y la documentación que respalda cada etapa del proceso. Para organizaciones sociales, especialistas y autoridades, el desafío es garantizar que la gestión de residuos petroleros se realice con estándares adecuados, evitando impactos sobre el ambiente y sobre las comunidades cercanas a las áreas de explotación.
