La denuncia de una médica esteticista que destapó una red ilegal.
La investigación sobre una presunta clínica trucha en González Catán, en el partido de La Matanza, dejó al descubierto una compleja red de médicos falsos que operaba bajo la apariencia de un servicio de salud formal. El caso salió a la luz a partir de la denuncia de la médica esteticista Romina Neira, quien advirtió que utilizaban su nombre, matrícula y sello profesional en certificados que nunca había firmado.
Según relató Neira, todo comenzó en diciembre de 2025 cuando una colega la contactó de urgencia para advertirle que en una causa judicial por violencia de género aparecían certificados médicos a su nombre, pero con una especialidad distinta, figurando como “médica clínica”. Ese detalle, sumado a que la matrícula consignada era nacional y no provincial —como correspondía—, encendió las alarmas.
La colega, que suele colaborar con una fiscal en expedientes donde se analizan pericias médicas, reconoció el nombre de Neira y decidió buscarla en redes sociales. Al constatar que la médica existía y que sus datos coincidían con los del expediente, entendió que estaba frente a un posible robo de identidad profesional y se comunicó con ella para advertirle.
Del primer alerta al descubrimiento de la clínica trucha
Tras recibir el llamado, Neira se puso en contacto con la procuradora interviniente en la causa de violencia de género. Allí dejó asentado que ni la letra, ni la firma, ni la especialidad declarada en los certificados le pertenecían. A partir de ese dato, la fiscal inició una denuncia de oficio para investigar el posible uso ilegal de la matrícula.
En paralelo, la profesional envió un correo electrónico a la institución Argentina Salud, donde se emitían los certificados, para notificar que estaban utilizando su matrícula sin autorización y que se estaría ejerciendo la medicina en forma ilegal. A los pocos días recibió respuesta de quien se presentaba como coordinador del lugar, identificado como Alberto Rubén Santarceri, hoy detenido, quien negó que figurara en sus registros una profesional con su nombre, aunque prometió iniciar un sumario interno.
Durante meses, Neira no tuvo novedades de aquella presentación. Sin embargo, en el último semestre debió concurrir en al menos cinco oportunidades a la Justicia para declarar por nuevos certificados apócrifos emitidos con su nombre, esta vez vinculados a hechos ocurridos en Virrey del Pino y zonas cercanas, lo que comenzó a marcar un patrón territorial.
Una trama que creció en silencio
La médica esteticista destacó que, en 20 años de profesión, nunca había tenido que asistir tantas veces a tribunales para aclarar que no era ella quien firmaba esos documentos. Esa frecuencia inusual, sumada a la reiteración de la maniobra, terminó de confirmar que se enfrentaba a una organización estructurada dedicada a falsificar firmas y certificados médicos.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar de la causa, los documentos apócrifos habrían sido utilizados para justificar licencias laborales, tratamientos y distintas situaciones judiciales, aprovechando el aparente respaldo profesional que otorgaba el nombre de una médica real. La investigación avanza para determinar cuántos profesionales podrían haber sido suplantados y cuántos pacientes fueron atendidos en la supuesta clínica trucha.
La causa, que se enmarca en el fuero judicial y sanitario de la provincia de Buenos Aires, continúa su curso con allanamientos, peritajes sobre documentación secuestrada y la evaluación de posibles damnificados. El caso vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar los controles sobre matrículas y certificados médicos, así como los mecanismos de validación para instituciones de salud públicas y privadas, con el objetivo de evitar que redes de falsos profesionales pongan en riesgo la vida y los derechos de los pacientes.
