Preso atacado tras querer denunciar corrupción en cárcel bonaerense
NewsITe
Un interno de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela denunció haber sido golpeado y víctima de un presunto ataque incendiario en su celda luego de manifestar su intención de declarar sobre hechos de corrupción carcelaria. El episodio, ocurrido en el Pabellón 1 del establecimiento perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), reaviva las sospechas sobre el funcionamiento de una organización criminal intramuros.
Según reconstruyó Noticias Argentinas a partir de testimonios de internos, la víctima, identificada por su apellido García y apodado “Panchi”, habría sido agredida por un grupo conocido como “La Comitiva” o “Limpieza y Mantenimiento”. Se trata de una banda integrada por exmiembros de fuerzas armadas y de seguridad, previamente señalados por sus pares por presunto narcotráfico dentro de la cárcel, extorsiones y otros delitos en posible connivencia con autoridades penitenciarias.
El sábado, alrededor de las 9:00, se registró una fuerte discusión entre integrantes de “La Comitiva” y García. De acuerdo con los relatos, lo habrían amenazado para que no hablara sobre los supuestos arreglos ilegales en el penal, advirtiéndole que “la iba a pasar mal” si avanzaba con sus declaraciones.
Tres horas más tarde, alrededor del mediodía, se incendió por completo la celda 20 del Pabellón 1, donde estaba alojado el detenido. Otros presos afirman haber escuchado que García quería “soplar la bolsa”, es decir, denunciar presuntas maniobras de narcotráfico y extorsión que involucrarían a internos y funcionarios del penal. Tras el fuego, que dejó la celda clausurada, se desprenden sospechas de que el siniestro no fue accidental.
Versión oficial bajo la lupa y armado de una coartada
Testigos señalaron que, después del incendio, se habría escuchado una nueva amenaza contra García: le habrían dicho que el fuego era “un aviso” y que, si seguía hablando, irían “contra la familia”. En paralelo, varios internos relatan que guardiacárceles se reunieron con miembros de “La Comitiva” en el patio interno del pabellón para acordar la versión que se volcaría en el parte oficial.
Según esos testimonios, se habría resuelto atribuir el hecho a un “principio de incendio por cortocircuito”. Para sostener esa hipótesis, habrían obligado a tres detenidos, acompañados por un oficial, a retirar de un volquete de basura una pava eléctrica, que luego fue colocada como supuesto origen del incidente. La celda quedó clausurada con una televisión y la misma pava en su interior.
“En el pabellón todos sabían que no fue un cortocircuito. Fue un atentado. Una forma de decir ‘acá mandamos nosotros’”, relató un interno a la agencia NA.
Allanamiento y causa por organización criminal intramuros
El episodio se produce en un contexto de creciente tensión en la Unidad 31. Días antes, tras reiteradas denuncias de familiares de detenidos y de los propios internos, se concretó un operativo judicial en el Pabellón 1 que dejó al descubierto el presunto funcionamiento de una red dedicada a extorsiones, narcotráfico y estafas desde la cárcel.
El allanamiento fue llevado adelante por efectivos de la DDI Quilmes, en el marco de una causa que investiga maniobras delictivas intramuros. Como resultado, once presos fueron imputados y se secuestraron trece teléfonos celulares, dos de ellos encontrados en la oficina del subdirector del penal, lo que incrementó las sospechas sobre la posible participación o complicidad de autoridades penitenciarias.
Los detenidos señalados en la causa fueron identificados como Lautaro Agustín Ríos, Juan Alejandro Osuna Aguirre, Antonio Agustín Romero Ramua, Hernán Ariel Gómez, Brian Leonel Funes, Rubén Darío García, Marcelo Miguel Aquino Barraza, Jonathan Sebastián Giuliani Pérez, Ángel Alberto Segovia González, Carlos Norberto Tortella y Roberto Carlos Echeverría.
Sin embargo, los denunciantes sostienen que parte de la droga que se comercializaba dentro de la unidad y los dispositivos para conectarse a internet fueron ocultados con anticipación en el Pabellón 3, luego de que los reclusos fueron advertidos del operativo, no por la Policía sino, supuestamente, por funcionarios del propio penal. Este señalamiento refuerza las sospechas de connivencia institucional y alimenta el reclamo por una investigación profunda sobre violencia y corrupción en el sistema carcelario bonaerense.
