Ravier defendió el DNU y negó riesgos para la soberanía
NewsITe
El vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta en el artículo 154 del DNU 70/2023, “no afecta la soberanía territorial” de la Argentina ni pone en riesgo las zonas de frontera. En conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario salió al cruce de las críticas de la oposición y de organizaciones que cuestionan la decisión del Gobierno nacional.
Ravier recordó que la norma aprobada en 2011 limitaba la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras al 15% del total del país, de cada provincia y de cada municipio. Según el vocero, ese esquema formaba parte de un entramado regulatorio que “durante años” desalentó inversiones y frenó el desarrollo de distintas actividades productivas, en especial en el interior del país.
“La Argentina tiene enormes extensiones de tierra con potencial productivo y para desarrollarlas hacen falta inversiones de largo plazo”, sostuvo. En ese sentido, mencionó que el objetivo oficial es atraer capital para financiar sistemas de riego, infraestructura, forestación, tecnología y nuevos desarrollos agropecuarios, con la expectativa de incrementar la producción y las exportaciones.
Defensa del DNU 70/2023 y aclaraciones sobre las fronteras
El portavoz remarcó que la derogación de la Ley de Tierras Rurales no modifica el régimen de zonas de seguridad de fronteras, que mantiene sus propios controles sobre la compra y tenencia de inmuebles. “Lejos de poner en venta nuestros recursos naturales o estratégicos, la medida busca potenciar la producción rural”, enfatizó.
Ravier insistió en que la tierra “sigue en la Argentina, sometida a nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción”, por lo que, a su criterio, no se ve afectada la soberanía territorial. También planteó que la ley derogada contradecía el principio constitucional según el cual los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los argentinos, y que, por lo tanto, deben ser “bienvenidos para trabajar la tierra y desarrollar industrias”.
Fallos judiciales y críticas políticas
El vocero hizo referencia al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que revocó una decisión de la Cámara Federal de La Plata que había dejado sin efecto la derogación de la ley. El máximo tribunal consideró que la organización que impulsó la demanda no tenía legitimación para hacerlo, lo que reactivó el debate político y jurídico en torno al DNU.
En los últimos días, sectores de la oposición criticaron con dureza la resolución de la Corte y algunos diputados presentaron medidas cautelares para intentar frenar los efectos del fallo. Incluso hubo planteos para dejar sin efecto la totalidad del DNU 70/2023, que forma parte del paquete central de reformas impulsado por el Gobierno.
Modelo económico en disputa
Ravier defendió el decreto como una pieza clave de la estrategia económica oficial. Sostuvo que, durante décadas, el país acumuló regulaciones que otorgaban al Estado la facultad de fijar precios, establecer cupos, requerir permisos e intervenir en acuerdos entre privados. A su entender, el DNU comenzó a “desarmar ese esquema” y a devolver “capacidad de decisión” a personas y empresas.
Para el vocero, volver atrás con estas reformas significaría regresar a “un modelo de país agotado” que, según dijo, privilegió a quienes contaban con contactos políticos por encima de quienes invierten y producen. Planteó que la discusión de fondo es si la Argentina tendrá una economía basada en permisos y controles estatales o un esquema que priorice “producir, comerciar y competir en libertad”.
“En definitiva, la discusión es muy simple: si queremos una Argentina donde para producir, importar o exportar haya que pedir permiso al Estado o una Argentina donde la regla sea producir, comerciar y competir en libertad”, concluyó Ravier.
Mientras continúan las presentaciones judiciales y el debate en el Congreso, el oficialismo refuerza su defensa del DNU 70/2023 y de la derogación de la Ley de Tierras, en un contexto de puja política por el rumbo económico y el rol del Estado en la regulación de los recursos estratégicos del país.
