Un fallo clave en la disputa por los recursos para las universidades
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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que frenaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno cumplir de inmediato con la norma aprobada por el Congreso. La decisión representa un fuerte respaldo judicial al sistema universitario público en medio de la disputa por los recursos.
El fallo, firmado por el juez Martín Cormick, hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), al que luego se sumaron otras casas de altos estudios. Como consecuencia, dejó sin efecto el Decreto 759/2025, con el que el Ejecutivo había condicionado la puesta en marcha de la ley.
En su resolución, Cormick ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario” y exigió dictar sin demoras las normas reglamentarias y de ejecución necesarias para garantizar los fondos destinados a las universidades nacionales. Entre los puntos centrales, la norma contempla recursos para el funcionamiento cotidiano de las instituciones y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
Un decreto que funcionó como un “veto encubierto”
El conflicto se originó luego de que el Gobierno intentara frenar la ley primero a través de un veto presidencial. Sin embargo, el Congreso rechazó esa decisión y ratificó la normativa con las mayorías especiales requeridas. Ante esa derrota legislativa, el oficialismo emitió el Decreto 759/2025, que supeditaba la ejecución del financiamiento a la identificación de “fuentes específicas” y a la inclusión de partidas en el Presupuesto.
Para el magistrado, esa maniobra no supera “un test mínimo de razonabilidad”, ya que en los hechos permite suspender la vigencia de una ley votada y ratificada por el Congreso. Cormick sostuvo que, ante la imposibilidad constitucional de insistir con un nuevo veto, el decreto funcionó como “un mecanismo extraconstitucional” y configuró “una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.
Impacto fiscal y rol del Poder Judicial
En otro tramo del fallo, el juez se refirió al debate sobre el costo fiscal de la ley. Recordó que tanto en 2024 como en 2025 el país funcionó sin Ley de Presupuesto aprobada, con la prórroga de las partidas de 2023. En ese contexto, citó un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que calcula que la implementación plena de la norma implicaría un impacto aproximado del 0,23% del PBI nominal proyectado para 2025.
- Ejecución inmediata de las partidas previstas en la ley.
- Asignación de fondos para el funcionamiento universitario.
- Recomposición salarial para docentes y no docentes.
- Reconocimiento del rol del Congreso en la definición del gasto público.
“El control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado”, remarcó Cormick en su resolución, al justificar la intervención de la Justicia en la disputa por los fondos universitarios.
La sentencia se inscribe en una serie de tensiones entre el Gobierno y el sistema universitario público por el financiamiento, que en los últimos años derivó en marchas masivas, reclamos gremiales y advertencias de rectores por el riesgo de paralización de actividades. El fallo obliga ahora al Ejecutivo a redefinir su estrategia y a avanzar en la implementación efectiva de la ley, bajo la supervisión de la Justicia y con la mirada atenta de la comunidad académica.
