Los vecinos de Costa Pobre se manifestaron este jueves en el Concejo Deliberante de Ramallo, donde se realiza una nueva sesión ordinaria. Como vienen haciendo desde hace más de un mes, asistirán para expresar su rechazo al emprendimiento portuario que impulsa la empresa Oramac Construcciones SA, controlada por el empresario Carlos Bauzá, quien dice tener la propiedad de los terrenos sobre la costa del río Paraná.
En esta oportunidad, la comunidad decidió realizar una marcha previa hacia el edificio del Concejo, con el propósito de visibilizar aún más su reclamo. Una vez allí, los vecinos presentaron una nota de respuesta al escrito presentado por el apoderado de la empresa, que manifiesta su oposición al proyecto de ordenanza del bloque Juntos–UCR, destinado a declarar el lugar como Patrimonio Turístico, Ambiental, Ecológico, Histórico, Cultural y Paisajístico de Ramallo, una medida que podría frenar el avance del emprendimiento.
Durante los últimos días, la tensión aumentó. Algunos habitantes —a quienes Oramac define como “ocupantes ilegítimos”— recibieron telegramas de intimación para desalojar el área en un plazo de cinco días, bajo advertencia de iniciar acciones judiciales. En esos avisos, además, la empresa anticipa el ingreso de maquinaria pesada para realizar movimientos de suelo y limpieza, deslindándose de cualquier daño que pudieran sufrir las viviendas precarias del lugar.
Ante este escenario, los vecinos insisten en que no son usurpadores sino poseedores legítimos por el tiempo de ocupación y el uso pacífico del territorio. “Nosotros no somos usurpadores, somos poseedores. Hace más de 40 años que vivimos ahí. En su momento, la empresa Fiplasto nos dio autorización para hacer uso de la parte fiscal del lote. Con el tiempo fuimos limpiando, construyendo y viviendo con total tranquilidad. La Constitución ampara a quienes habitan un terreno durante más de 20 años sin violencia y sin ser desalojados”, explicó Alejandro Natalini, uno de los vecinos intimado.
Natalini también subrayó que los pobladores no cuestionan la propiedad privada, sino los límites de la misma: “Reconocemos la propiedad de Bauzá hasta los mojones que le corresponden. Pero nadie puede comprar las costas del río. Eso no existe en ningún lado”.
Por su parte, Matías Scarpacci, otro referente del grupo, advirtió que el conflicto trasciende lo individual y toca un punto clave del desarrollo local: “Tenemos que preguntarnos qué Ramallo queremos. Si queremos un Ramallo portuario, lleno de camiones y con pasivos ambientales, o un Ramallo que cuide su paisaje y su río, que son un patrimonio natural único”.
Los vecinos vinculan el súbito interés por el área con la presión que ejercieron mediante su presencia constante en el Concejo. “Hace apenas dos meses no se hablaba de nada, y hoy ya aparecen dibujos de un puerto sobre un lugar donde hay más de 80 ranchos y un camping que el municipio promociona como atractivo turístico”, señalaron.
