El perfil de la jueza que frenó la baja de la edad de imputabilidad
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La decisión de la jueza porteña Laura De Marinis de declarar inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad volvió a encender el debate sobre el régimen penal juvenil en la Argentina y la colocó en el centro de la escena política y judicial. La magistrada, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y consideró regresiva la reforma que habilita a imputar penalmente desde esa edad.
El fallo alcanza únicamente al caso concreto que tenía bajo análisis, pero provocó una fuerte reacción del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien anunció que impulsará un juicio político en su contra. La resolución se dicta en un contexto de presión social por los hechos de violencia protagonizados por menores de edad y en medio de la implementación de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil a nivel nacional.
Trayectoria de Laura De Marinis en la Justicia porteña
De Marinis ingresó al Poder Judicial en 2006, incluso antes de recibirse de abogada, y desde entonces desarrolló su carrera vinculada a la problemática de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Ocupó distintos cargos tanto en el Ministerio Público Fiscal como en la Defensa, lo que le dio una mirada amplia sobre el funcionamiento del sistema penal juvenil.
En 2017 se incorporó a la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil de la Defensoría General Adjunta de la Ciudad, donde trabajó en casos y políticas específicas para menores. Tras superar un concurso del Consejo de la Magistratura porteño, juró como jueza el 19 de diciembre de 2023 y asumió formalmente la titularidad del juzgado N° 3.
Fallos controvertidos y antecedentes recientes
Pocos días después de su designación, la magistrada intervino en uno de los expedientes de mayor impacto público de los últimos años: la causa por la agresión a Arturo López, el playero de un garaje del barrio de Monserrat que en 2021 fue golpeado por un adolescente y quedó con graves secuelas neurológicas. El joven agresor había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión y cumplía arresto domiciliario.
En diciembre de 2023, De Marinis resolvió dejar sin efecto esa prisión domiciliaria, aunque mantuvo controles estrictos mediante tobillera electrónica y la prohibición de salir del país. La decisión generó un fuerte rechazo de la familia de la víctima y abrió un debate sobre los criterios de ejecución de las penas y las medidas alternativas a la prisión para jóvenes condenados.
Visión sobre el régimen penal juvenil y la nueva ley
La jueza ha expresado públicamente sus posiciones sobre la justicia juvenil. En una entrevista en streaming, realizada en abril pasado, recordó su experiencia como voluntaria en el Hogar de Cristo del barrio 1-11-14 y sostuvo que el proceso penal de un adolescente debe tener una finalidad esencialmente socioeducativa, más allá de la respuesta punitiva.
En aquella oportunidad ya había manifestado sus reparos respecto de la reforma del régimen penal juvenil, al advertir que la nueva normativa podía judicializar conflictos que antes se resolvían en otros ámbitos, como el sistema educativo o dispositivos comunitarios, incluyendo episodios surgidos en contextos escolares.
El fallo sobre la inconstitucionalidad y sus alcances
Este lunes, De Marinis declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801, que fijó la punibilidad desde los 14 años, y sobreseyó al adolescente de esa edad investigado por un intento de robo. A su criterio, bajar el límite etario implica una medida regresiva en términos de derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que colisiona con estándares de protección establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales.
La propia jueza aclaró en su resolución que su decisión no suspende la vigencia general de la ley, sino que se aplica solo al expediente concreto en estudio. Sin embargo, el pronunciamiento suma un antecedente relevante en una discusión que ya llegó a distintos tribunales del país y que, con toda probabilidad, terminará en instancias superiores.
Repercusiones políticas y antecedentes en la provincia de Buenos Aires
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que promoverá el juicio político contra De Marinis, cuestionó su interpretación sobre la ley y planteó que decisiones de este tipo generan mayor sensación de impunidad. El planteo se enmarca en un clima de tensión entre el Poder Ejecutivo de la Ciudad y la Justicia local por el abordaje del delito juvenil.
- Impulso de juicio político por parte del Gobierno porteño.
- Discusión sobre los límites de la justicia juvenil y la edad de punibilidad.
- Impacto político y social de los fallos en casos de alta sensibilidad pública.
El fallo de De Marinis se conoce luego de una medida similar dictada en la provincia de Buenos Aires por la jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien había suspendido de manera preventiva, por 60 días, la aplicación de la misma ley. Esa resolución fue luego anulada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, que consideró que un juez de primera instancia no puede dejar sin efecto de modo general una norma nacional en todo el territorio provincial.
La discusión sobre la edad de imputabilidad y el alcance del régimen penal juvenil vuelve a exponer la tensión entre demandas de mayor seguridad y la obligación del Estado de garantizar derechos y políticas socioeducativas para adolescentes en conflicto con la ley.
Mientras se esperan nuevas presentaciones y eventuales intervenciones de tribunales superiores, la figura de Laura De Marinis se consolida como uno de los nombres clave en la agenda judicial y política vinculada a la responsabilidad penal juvenil en la Argentina.
