Rodríguez quedó al frente del gobierno venezolano después de la detención de Nicolás Maduro. Su llegada al poder abre un escenario de tensión entre la presión internacional, los vínculos con Estados Unidos y el control interno del chavismo.
Delcy Rodríguez asumió el mando de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro. La dirigente chavista quedó al frente del gobierno en medio de un contexto marcado por la crisis política, las sanciones económicas y las negociaciones abiertas sobre el futuro del país.
Durante la última década, Rodríguez condujo áreas clave del Estado y combinó la defensa de los principios del chavismo con la necesidad de responder a las demandas económicas internas. Este recorrido la posicionó ante algunos gobiernos democráticos como una figura capaz de tender puentes para posibles acuerdos políticos.
Su ascenso en las estructuras oficiales le otorgó influencia sobre los altos mandos militares y un conocimiento profundo del funcionamiento estatal. Esa cercanía con los resortes del poder consolidó su peso dentro del sistema chavista.
El presidente Donald Trump señaló que Rodríguez mostró voluntad de colaborar con Washington en una eventual transición. Sin embargo, advirtió que, si esa actitud no se concreta, podría haber “una segunda ola de ataques si es necesaria”. En la misma línea, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Estados Unidos está dispuesto a cooperar con las actuales autoridades, siempre que adopten “las decisiones adecuadas”.
El rumbo del gobierno depende ahora de si Rodríguez decide resistir las presiones externas o avanzar hacia acuerdos con Estados Unidos para impulsar una transición ordenada. La nueva conducción enfrenta una disyuntiva entre la confrontación y el entendimiento táctico.
Abogada, de 56 años, Rodríguez es reconocida por su adhesión a la izquierda y por su capacidad de interlocución con sectores económicos influyentes. Hija de un militante marxista, estudió derecho laboral en Francia y el Reino Unido y comenzó a escalar posiciones desde 2013.
Maduro la designó ministra de Comunicación y luego ministra de Relaciones Exteriores, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar ese cargo. En 2018 asumió la vicepresidencia y tomó el control del SEBIN. Más tarde sumó el área económica y buscó vínculos con empresarios e inversores.
Su hermano Jorge preside el Parlamento chavista y encabezó delegaciones de diálogo con la oposición. Rodríguez recibió sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por su rol en la represión, aunque mantuvo su lealtad al régimen.
En una entrevista televisiva, Rubio diferenció su figura de la de Maduro al señalar: “La diferencia es que la persona que estaba al mando (…) era alguien con quien no se podía trabajar”. También recordó que se trataba de “alguien que nunca respetó ninguno de los acuerdos que concluyó” y a quien “le ofrecimos, en múltiples ocasiones, la posibilidad de abandonar el poder”.
La continuidad de Rodríguez dependerá de su capacidad para sostener la cohesión interna del Partido Socialista Unido de Venezuela y asegurar el respaldo militar. Su autoridad enfrenta límites dentro del movimiento.
En paralelo, el país atraviesa un deterioro económico profundo. Desde 2013, la economía se contrajo un 80% y millones de venezolanos emigraron ante la crisis humanitaria y la persecución política.
La comunidad internacional sigue con atención los pasos del nuevo gobierno. Las decisiones de Rodríguez definirán el vínculo con Estados Unidos, el alcance de las sanciones y el futuro político del país en medio de una prolongada inestabilidad.
