El Ejecutivo nacional reglamentó hace apenas unos días la legislación de emergencia 27.793. Luego de una reciente reunión con la Secretaría afín, el Foro federal del sector señaló que los incrementos se calcularon “desde bases que arrastran deudas”. Prestadores locales expresaron a EL NORTE: “Continúan los atrasos en los pagos, en la autorización de tratamientos, los recortes de prestaciones, las mutuales hacen lo que quieren”.
De la Redacción de EL NORTE
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El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad publicó un extenso comunicado en el que se rechazó como solución definitiva la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Tras intentar vetarla y con la Justicia Federal pisándole los talones, el presidente Javier Milei reglamentó hace apenas 10 días la legislación 27.793. Desde la organización señalaron que los incrementos se calcularon “desde bases que arrastran deudas”. Los prestadores de servicios vinculados al sector en San Nicolás manifestaron en diálogo con EL NORTE: “No hay cambios, todo sigue igual, la ley no se está aplicando”.
El jueves pasado se reunió el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad -que depende de la Secretaría Nacional de Discapacidad- para definir de cuánto sería la compensación económica de emergencia para prestadores y el porcentaje que se aplicaría al nomenclador. En la reunión se aprobó un aumento del 5,78% en los precios del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas, sin diferenciar por tipo de prestación, a aplicar en febrero de 2026 sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.
Además se resolvió que a partir de marzo se aplique una actualización de los aranceles de manera automática y mensual, en función del IPC que emite cada mes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Sin recomposición
Desde el Foro Permanente hicieron notar que uno de los ejes de la norma aprobada en 2025 era “recomponer la situación de los prestadores que atraviesan una situación económica crítica, al borde del cierre, por falta de adecuación de los aranceles que fija el Estado Nacional al costo de vida de estos años”. “Ahora, si los aumentos se calculan desde bases que arrastran deudas, nunca se va a poder lograr el objetivo. Claramente la situación va a ser peor”, señalaron y calcularon: “Este proceder lleva a que cuando se calcule la compensación mandada por el período diciembre 2023/diciembre 2024, el arancel a diciembre 2024 va a ser mayor al arancel de enero de 2025 tomado como base para los aumentos siguientes”.
Demoras y recortes
“Los funcionarios leen los artículos separados del objetivo y por eso dictaminan aumentos que no cumplen con la ley. A nuestro entender, el gobierno tiene que establecer un aumento del 40% para recomponer la situación y garantizar los derechos de las personas con discapacidad”, establecieron desde la organización que se volvió central en la lucha por la aprobación y reglamentación de la norma.
Los prestadores de nuestra ciudad vinculados a terapias indicaron consultados por este medio: “El aumento es insuficiente, sigue lejos de lo que deberíamos estar cobrando. Después todo sigue igual, a pesar de que dan este aumento. Sigue habiendo atrasos en los pagos, en la autorización de tratamientos. Y continúan los recortes de prestaciones, las mutuales siguen haciendo lo que ellas quieren. No hay cambios todo sigue igual y la ley no se está aplicando. Desde el sector seguimos trabajando como podemos, evaluando qué medidas se tomarán si esto se mantiene”.
Emergencia hasta diciembre
En relación al proceso que atravesó el proyecto de emergencia, vale recordar que tras negarse a aplicar la ley votada por la oposición a fines del año pasado en el Congreso por sostener que rompía el “equilibrio fiscal” y no había fondos públicos para poder cumplirla, la administración de Javier Milei terminó aceptando cumplir con la norma luego de que el juzgado federal de Campana le ordenara.
El pasado 4 de febrero, el Gobierno reglamentó la ley con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 84/2026. La norma quedó vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, tras un proceso de veto y posterior ratificación parlamentaria en 2025.
