Las cámaras dejaron de funcionar antes de que Ilda Goyochea sufriera la herida fatal en su casa de La Rioja. Los dos imputados se negaron a declarar y permanecen con prisión domiciliaria.
La Justicia de La Rioja investiga por qué las cámaras de seguridad de la casa de Ilda Goyochea dejaron de funcionar minutos antes del episodio que terminó con su muerte. La mujer de 32 años falleció luego de sufrir un profundo corte en el cuello durante la madrugada del 10 de julio.
La primera versión señalaba que Goyochea había sufrido un accidente doméstico al caer sobre una copa de vino rota. Sin embargo, diferentes elementos incorporados a la investigación generaron dudas sobre esa hipótesis.
Entre ellos aparece ahora el sistema de videovigilancia de la vivienda. Las cámaras dejaron de registrar imágenes a las 3:42 de aquella madrugada, antes de que Ilda resultara gravemente herida, y los investigadores intentan determinar qué provocó la interrupción.
Además, el teléfono celular desde el cual se controlaban las cámaras quedó bajo la lupa. La exjueza Cecilia Córdoba, quien intervino inicialmente en el expediente, había señalado que Gabriel Díaz tuvo el dispositivo después del episodio. La familia denunció que el hombre se negó a entregarlo cuando se lo solicitaron.
Una herida que generó dudas
Los primeros informes médicos también pusieron bajo análisis la explicación del accidente. La lesión en el cuello fue descripta como lineal y profunda, sin bordes irregulares ni restos de vidrio, características que llevaron a investigar con mayor profundidad cómo se produjo.
También se analiza la asistencia que recibió Goyochea durante los minutos posteriores. La mujer llegó al hospital sin una cobertura adecuada sobre la herida, situación que generó interrogantes acerca de las maniobras realizadas para intentar detener la hemorragia.
Sofía Agüero y Gabriel Díaz, quienes se encontraban con Ilda aquella madrugada, están imputados por homicidio. Ambos se negaron a declarar durante la indagatoria y continuarán el proceso con prisión domiciliaria, control policial y prohibición de comunicarse con testigos, familiares de la víctima y querellantes.
Esperan pericias claves
El juez Daniel Barría, titular del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº1, decretó el secreto de sumario ante la exposición pública que adquirió el caso.
La investigación espera ahora los resultados de pericias telefónicas y accidentológicas, además del informe de la autopsia, que podrían aportar elementos para determinar cómo se produjo la lesión fatal.
La querella, representada por Fernando Brizuela, sostiene que la muerte no puede explicarse como un simple accidente y reclama avanzar hacia una figura penal más grave.
Mientras continúa la investigación, familiares y allegados se movilizaron en la Plaza 25 de Mayo de La Rioja para reclamar el esclarecimiento del caso bajo la consigna: “No marchamos contra nadie, marchamos por Ilda”.
