Denuncian posible adoctrinamiento en escuelas primarias
NewsITe
Cuadernos atribuidos a alumnos de cuarto grado de escuelas de Formosa reabrieron el debate sobre los límites entre la enseñanza de la historia reciente y el adoctrinamiento político en las aulas. En las actividades, el año 1995 —cuando Gildo Insfrán asumió la Gobernación— aparece señalado como el inicio de una transformación profunda de la provincia, con mejoras en la vida cotidiana, el trabajo y los valores de la comunidad.
La denuncia fue elevada por la diputada radical Agostina Villaggi ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación. Según la legisladora, niños de entre nueve y diez años habrían escrito de puño y letra frases elogiosas hacia el denominado “Modelo Formoseño”. Entre las escuelas mencionadas figura el Colegio Don Bosco, aunque la presentación incluye referencias a otras instituciones de la capital provincial.
De acuerdo con la acusación, las consignas cuestionadas se habrían trabajado en el área de Ciencias Sociales, donde se propuso analizar el proceso iniciado en 1995 con referencias a supuestas mejoras, solidaridad, cooperación y esfuerzo. Villaggi objetó que esa fecha se ubique junto a hitos históricos como la fundación de la ciudad o la provincialización, lo que —a su entender— equipara la llegada de Insfrán al poder con una “tercera fundación” de Formosa.
La legisladora y la oposición provincial sostienen que ese enfoque convertiría a las aulas en un espacio de consolidación de una narrativa oficial favorable a la continuidad del gobernador. Sin embargo, la documentación conocida hasta ahora no prueba que el mismo contenido se dicte en todas las escuelas ni que exista una orden escrita emanada directamente del Poder Ejecutivo formoseño.
Posturas cruzadas sobre el alcance de los contenidos
El 3 de agosto, la docente Lucy Aguayo, exintegrante de la Junta de Clasificación del nivel primario, aportó una mirada técnica al debate. Señaló que el diseño curricular provincial no exige enseñar un proyecto de gobierno en particular y advirtió que una orientación partidaria podría entrar en conflicto con la Constitución de Formosa. Al mismo tiempo, fue prudente al remarcar que no está demostrado que la práctica abarque a todo el sistema educativo.
Aguayo distinguió entre la enseñanza legítima de la historia provincial y la exaltación de los logros de una gestión en ejercicio, remarcando que esa diferencia es clave para evaluar el caso sin convertir una denuncia política en una conclusión anticipada. A su criterio, será necesario revisar planificaciones, manuales, consignas completas, cuadernos y testimonios de autoridades educativas antes de sacar definiciones firmes.
Desde el Gobierno provincial, en cambio, salieron a defender el material. El director de Educación Primaria, Juan Ignacio Meza, afirmó que el estudio de las transformaciones territoriales, económicas y sociales de Formosa no constituye un eslogan partidario, sino una enseñanza avalada por la Constitución provincial, el Consejo Federal de Educación y el propio diseño curricular.
Meza argumentó que los alumnos deben conocer las obras de infraestructura, el desarrollo productivo, el sistema de salud y las bases socioeconómicas sobre las que se asienta el modelo local. A su juicio, retirar esos contenidos equivaldría a un acto de censura y vulneraría la identidad, la memoria y la soberanía cultural de la provincia.
Qué deberá esclarecer la investigación oficial
La respuesta del Ministerio formoseño deja en claro que no considera el episodio como una decisión aislada de un docente, sino como parte de la formación provincial. Esa posición política reaviva el debate sobre la neutralidad escolar y el derecho de niños de apenas nueve y diez años a recibir información plural, que incluya miradas críticas e indicadores verificables.
Para disipar las sospechas de adoctrinamiento, la gestión de Insfrán debería dar a conocer la secuencia didáctica completa, los objetivos pedagógicos, los textos utilizados, los criterios de evaluación y el alcance territorial de esos contenidos. También se plantea la necesidad de precisar qué autoridad aprobó la planificación y si las familias de los alumnos fueron debidamente informadas.
- Definir si las frases de los cuadernos respondieron a una actividad puntual o a una directiva sistemática.
- Establecer si existe un lineamiento oficial para presentar el “Modelo Formoseño” en clave valorativa ante alumnos de primaria.
- Determinar el grado de adecuación de estas prácticas a la Constitución provincial y a las normativas educativas nacionales.
La causa central del debate es si la escuela debe limitarse a explicar políticas públicas o puede valorarlas positivamente cuando el gobierno involucrado sigue en funciones.
La próxima instancia estará marcada por la respuesta que brinde el Ministerio de Capital Humano de la Nación y por la eventual publicación de los materiales oficiales utilizados en clase. Hasta que no se conozcan esos documentos, la acusación seguirá siendo atribuida a la diputada Villaggi y no podrá hablarse de un plan de adoctrinamiento generalizado, aunque el caso ya instaló nuevamente la discusión sobre política y educación en Formosa.
