Denuncia penal en medio de la polémica por la calidad del agua
NewsITe
La Municipalidad de Puerto Piray, en Misiones, presentó una denuncia penal contra dos concejales de la oposición que cuestionaron públicamente la calidad del agua potable en la localidad. La decisión se tomó en un contexto de reclamos vecinales por cortes en el suministro, desperfectos en la cisterna del barrio San José y la aparición de cuadros gastrointestinales que los habitantes vinculan con el servicio.
Según trascendió, la presentación recayó sobre los ediles Adrián Duarte y Elizabeth Mercado, del espacio Juntos Podemos, y fue impulsada por el abogado municipal Daniel Moschner bajo la figura de intimidación pública, contemplada en el artículo 211 del Código Penal. La denuncia se radicó en la comisaría local y fue remitida a la Fiscalía de Puerto Rico.
El conflicto escaló luego de que los concejales difundieran mensajes en redes y otros canales donde asociaron el agua que llega a los barrios San José y Las Marías con una posible contaminación fecal. Se trata de una postura política y una hipótesis en debate, ya que no existe hasta el momento una conclusión sanitaria firme que confirme esa acusación.
Estudios de la Universidad de Misiones y falta de acceso público
Desde el municipio se defendieron al señalar que el 7 de septiembre se tomaron muestras de agua que fueron analizadas en laboratorios de la Universidad Nacional de Misiones. De acuerdo con Moschner, los resultados indicaron que el suministro es apto para el consumo humano y esa documentación fue enviada al Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas, autoridad de control del servicio.
No obstante, el propio representante legal del municipio reconoció que esos informes técnicos no fueron publicados en los canales oficiales. Para acceder a los resultados, los vecinos deben presentar una nota formal y solicitar la información, lo que deja datos sensibles para la salud pública detrás de un trámite individual y limita la transparencia en torno al tema.
Mientras tanto, persisten las sospechas y comentarios en la comunidad sobre el vínculo entre los problemas de salud reportados y el estado del agua. Tampoco se difundió hasta ahora un estudio epidemiológico que permita establecer una relación causal entre los cuadros gastrointestinales y el servicio de red, lo que alimenta versiones contrapuestas y confusión entre los usuarios.
Fallas en la cisterna y clima político tenso
La controversia se enmarca en un escenario de dificultades técnicas reiteradas. Durante los últimos tres meses, la bomba que impulsa agua desde el río Paraná hacia la cisterna del barrio San José se rompió en tres oportunidades, provocando interrupciones en el suministro y profundizando la desconfianza. En ese período circularon además imágenes del interior del depósito, donde se observaban sedimentos y residuos. La comuna respondió que la cisterna fue limpiada y recargada.
El Ejecutivo municipal negó que los inconvenientes hayan afectado al 70% de la población, aunque admitió que la explicación oficial llegó tarde. La demora en la comunicación permitió que proliferaran rumores y lecturas políticas, trasladando una discusión de salud pública al terreno penal, con representantes electos en el centro de la denuncia.
La relación entre la administración local y los concejales apuntados ya venía deteriorada. Antes de esta presentación, los ediles habían impulsado otra denuncia vinculada con la compra de dos camiones para la comuna. Ese antecedente alimenta sospechas de represalias cruzadas, aunque por sí solo no prueba una motivación política detrás del nuevo expediente judicial.
Transparencia, control y necesidad de información clara
- Publicación completa y accesible de los análisis de agua.
- Detalle de puntos de extracción, fechas, métodos y parámetros medidos.
- Valores obtenidos frente a los límites reglamentarios vigentes.
- Comunicación oficial rápida y comprensible para la población.
La calidad del agua requiere datos verificables y trazables: ni la afirmación genérica de que es potable ni los síntomas aislados de los vecinos alcanzan, por sí solos, para cerrar el debate.
Organizaciones especializadas recomiendan que, ante controversias de este tipo, las autoridades prioricen la publicación proactiva de los informes técnicos y el trabajo conjunto con organismos de control, universidades y especialistas independientes. De ese modo se fortalece la confianza social, se distingue la disputa partidaria de la evaluación sanitaria y se garantiza el derecho de la ciudadanía a acceder a información ambiental y de salud en tiempo y forma.
