El órgano de Gobierno de los jueces tiene el mandato caducado desde hace más de cinco años debido al bloqueo del Partido Popular, que fue quien eligió a la mayoría conservadora de los miembros que lo componen en la actualidad.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dio un ultimátum al principal fuerza de la oposición, el Partido Popular (PP), para forzar un acuerdo que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces.
En una entrevista en la televisión pública la mañana de este miércoles, Sánchez ha sostenido que si el PP no se aviene a pactar la renovación antes de que acabe este mes, presentará una reforma legislativa en el Congreso que quitaría competencias al CGPJ.
“El día de la marmota acabó, ha durado demasiado tiempo, 2.000 días”, ha dicho el presidente sobre la situación en la que se encuentra el Consejo, con su mandato caducado desde hace más de cinco años, puesto que su renovación se debe pactar entre los dos grandes partidos políticos del país y el PP ha estado bloqueando ese acuerdo.
Sánchez explicó que su Ejecutivo da todo el mes de junio para que el PP cambie su postura y que en caso contrario “el Gobierno de España junto con el Congreso de los Diputados dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional”, refiriéndose al “secuestro que está perpetrando el PP” de un órgano tan importante.
El mandatario afirmó que se pueden hacer varias cosas, pero que a su entender una de ellas es la clave de la problemática actual: “Hay una particularidad que crea un incentivo perverso en este caso para que el PP trate de conservar el poder del CGPJ, que es la facultad de poder nombrar los magistrados que posteriormente van al Tribunal Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia”, sostuvo.
Así, Sánchez dio a entender que el PP no quiere dar paso a una nueva conformación del CGPJ, porque la actual realiza nombramientos favorables a sus intereses, como los de los magistrados que posteriormente juzgarán sus casos de corrupción.
El presidente del Ejecutivo apuesta por revisar esa facultad para hacerla “mucho más objetiva, mucho más transparente y evidentemente no politizada”.
