Un alumno habría exhibido un arma de fuego durante una clase en el Centro de Formación Integral N° 1. En off, docentes denuncian presiones de las autoridades educativas para evitar que los episodios trasciendan públicamente. Cecilia Jure, una de las inspectoras señaladas, tiene vínculos familiares con funcionarios del gobierno bonaerense y de la Municipalidad de Ramallo que le garantizarían impunidad para avanzar con sanciones que funcionan como “aprietes” para acallar voces, según publican medios platenses.
De la redacción de EL NORTE
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La violencia escolar volvió a quedar en el centro de la preocupación en San Nicolás, pero esta vez el escándalo no se limita a lo ocurrido dentro de un establecimiento educativo. Una denuncia periodística apunta directamente contra las autoridades de inspección de la Provincia de Buenos Aires, a quienes se las acusa de ejercer presiones sobre docentes para impedir que los episodios de inseguridad y agresiones trasciendan públicamente.
El caso más reciente ocurrió el martes 27 de octubre en el Centro de Formación Integral N° 1, ubicado en 25 de Mayo 675, donde un estudiante habría exhibido un arma de fuego durante una clase. Según testimonios recogidos por el portal Realpolitik, las familias no recibieron información oficial inmediata sobre lo sucedido y algunas tomaron conocimiento a través de sus propios hijos.
La gravedad del hecho adquirió una dimensión mayor por los señalamientos contra las autoridades educativas. Trabajadores del sector aseguran que existen advertencias y amenazas de sumarios administrativos para quienes hagan públicos los conflictos que se registran dentro de las escuelas.
En el centro de los cuestionamientos aparecen la inspectora jefa distrital, María Virginia Vivas, y la inspectora de la Modalidad de Educación Especial, Cecilia Jure. Ambas quedaron bajo la lupa por su actuación frente a situaciones que generan preocupación entre docentes, alumnos y familias.
La situación de Cecilia Jure incorpora un componente político a las denuncias. Según publicó el portal platense, la funcionaria educativa mantiene un vínculo de parentesco directo con el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y es esposa de Leandro Torri, secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Ramallo, bajo la gestión del intendente Mauro Poletti.
Estas relaciones funcionarían como un respaldo político para Jure frente a los cuestionamientos sobre su desempeño. “Si no tuviera espalda política estaría trabajando en una verdulería”, es lo que se repite -a modo de queja- en los pasillos de la función pública, según Realpolitik.
Lo que generó una fuerte controversia fue un mensaje que la investigación periodística le atribuye a Jure, enviado por WhatsApp a instituciones educativas bajo su supervisión. En la comunicación, la inspectora hizo referencia a las publicaciones periodísticas sobre los episodios de violencia y recordó las responsabilidades previstas en la normativa educativa. Una de las expresiones que provocó mayor malestar fue: “Si somos parte construimos, no destruimos”.
Docentes consultados por el medio interpretaron aquella comunicación como una advertencia destinada a desalentar las denuncias públicas. El cuestionamiento apunta a que, mientras se multiplican los reclamos por mayor seguridad, las autoridades pondrían el énfasis en controlar la difusión de los hechos antes que en ofrecer respuestas a la comunidad educativa.
