El Senado activa el debate de una ley clave para personas con discapacidad
NewsITe
El Senado de la Nación volverá a tomar protagonismo esta semana con el objetivo de avanzar en la sanción definitiva de la nueva ley de discapacidad, un proyecto que busca dar estabilidad permanente a derechos y prestaciones que hoy están atados a normas de emergencia. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, se perfila para ser aprobada entre el 19 y el 26 de noviembre, en el tramo final del período de sesiones ordinarias.
El tratamiento comenzará este miércoles a las 16 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por el libertario Agustín Monteverde y la peronista santacruceña Alicia Kirchner, respectivamente. El oficialismo, encabezado en la Cámara alta por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscará emitir dictamen para dejar el proyecto en condiciones de llegar al recinto en las próximas semanas.
La discusión se da en un contexto de fuerte presión de bloques aliados y opositores que reclaman una norma clara que asegure la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad. Ese esquema, que había sido garantizado por una ley de emergencia aprobada el año pasado a instancias de la oposición, fue luego vetado por el presidente Javier Milei, lo que reabrió la tensión política y la incertidumbre para beneficiarios y prestadores.
Qué cambia con la nueva ley de discapacidad
El proyecto, denominado oficialmente “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, retoma casi en su totalidad el espíritu de la Ley 27.793, pero le quita el carácter de excepcional y transitoria. Su objetivo central es convertir en política de Estado, de orden público, los principales beneficios y garantías del sistema de atención y acompañamiento a personas con discapacidad, más allá de los gobiernos de turno.
Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con la compatibilidad entre pensión y trabajo. La iniciativa mantiene la posibilidad de que las personas que perciben una pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo— puedan tener al mismo tiempo un empleo registrado o estar inscriptas en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. Esta protección alcanza a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, la ley ratifica el principio de nomenclador único y la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones, vinculada al índice de movilidad jubilatoria asociado al IPC. También garantiza la cobertura médica básica dentro del programa federal Incluir Salud para quienes cobran la pensión por discapacidad, un punto clave para tratamientos, rehabilitación y acompañamiento terapéutico en todo el país.
Financiamiento, controles y negociaciones políticas
En el plano financiero, el texto fija que la partida destinada al área de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. Con esto se busca evitar recortes que afecten la sustentabilidad del sistema de prestaciones y la capacidad del Estado para sostener los compromisos asumidos con beneficiarios y prestadores.
El proyecto incorpora además un esquema de auditorías periódicas con cruce de datos entre ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el RENAPER. El objetivo es ordenar el padrón de beneficiarios, prevenir irregularidades y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes les corresponden, bajo el principio de “debido proceso inclusivo”, que apunta a que cualquier revisión respete derechos y contemple situaciones de vulnerabilidad.
En paralelo, se incluyó una cláusula transitoria que establece un cronograma para saldar las compensaciones atrasadas a los prestadores, un reclamo que se arrastra desde hace meses y que puso al sistema al borde del colapso en varias provincias. La norma fija, además, un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley una vez promulgada, con el fin de evitar demoras que dilaten su aplicación efectiva.
La discusión sobre discapacidad también impacta de lleno en el debate por el Presupuesto 2027. En el borrador original, el ministro de Economía, Luis Caputo, había impulsado artículos que ponían en cuestión el nomenclador único, el esquema de actualización de aranceles y la compatibilidad entre pensión y empleo formal, lo que desató un fuerte conflicto en Diputados. La marcha atrás con esos cambios y el compromiso de garantizar fondos suficientes fueron condiciones clave de los bloques dialoguistas para acompañar el paquete fiscal.
Dentro del propio oficialismo, el proyecto contó con impulsoras decisivas, como las diputadas Laura Rodríguez Machado, pieza central de la negociación, y Silvana Giudici, una de las principales articuladoras de la estructura libertaria. Ahora, toda la atención se trasladará al Senado, donde el resultado del debate será determinante para miles de personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios en todo el país.
La nueva ley busca dar previsibilidad y convertir en política de Estado derechos que hoy dependen de normas de emergencia y decisiones de coyuntura.
