OEA, ONU Mujeres y UNFPA pidieron incorporar el enfoque de género en la respuesta a los terremotos en Venezuela, advirtiendo mayores riesgos para mujeres y niñas. Llamaron a garantizar la salud sexual y reproductiva y su participación en la reconstrucción. Distintos reportes instan a poner el foco en las muertes maternas, la atención de la infancia, el embarazo adolescente y la violencia de género, problemáticas preexistentes que se profundizan en estas circunstancias.
De la Redacción de EL NORTE
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Expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA), ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) piden que se incorpore la perspectiva de género en las acciones de respuesta a la emergencia por los dos terremotos de 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, ya que las mujeres y niñas suelen sufrir impactos diferenciados durante desastres como estos.
“Las emergencias no afectan a todas las personas de la misma manera. Mujeres y niñas suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a servicios esenciales, atención, protección y medios de vida, además de un mayor riesgo de sufrir violencia”, recordó ONU mujeres en un comunicado y señaló que es indispensable que “sus necesidades, derechos y prioridades sean considerados desde el inicio de la respuesta y durante todo el proceso de recuperación”. “Las mujeres son protagonistas de la respuesta a las emergencias. En sus familias, comunidades y organizaciones sostienen redes de apoyo, cuidan, organizan y contribuyen a la recuperación de los territorios. Reconocer su liderazgo y garantizar su participación en la toma de decisiones fortalece la respuesta humanitaria y favorece una reconstrucción más inclusiva y sostenible”, marcó.
Por su parte, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la OEA ha hecho un llamado para que la asistencia humanitaria que se está llevando a cabo en el país caribeño “garantice la protección efectiva de las mujeres y las niñas”. “La experiencia internacional demuestra que, tras los desastres naturales, se intensifican y aumentan las distintas formas de violencia basada en género, incluida la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la trata de personas, la explotación y otras vulneraciones de derechos, al tiempo que se dificulta el acceso a servicios esenciales de protección, salud, justicia y apoyo psicosocial”, mencionó.
Las expertas han recordado que el artículo 9 de la Convención de Belém do Pará obliga a los Estados a tener especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que enfrentan las mujeres en determinados contextos y que incrementan el riesgo de sufrir violencia y discriminación basada en género. Y que los Estados parte del Mesecvi han reconocido que las emergencias climáticas y los desastres naturales afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, y han reafirmado su compromiso de incorporar la perspectiva de género en las políticas de prevención, respuesta, recuperación y reconstrucción. “En consecuencia, las medidas adoptadas durante la emergencia deben incorporar un enfoque de género, interseccional e intercultural que permita prevenir riesgos específicos y garantizar la protección integral de sus derechos”, añaden.
Salud sexual y reproductiva
El UNFPA ha anunciado que se está movilizando para atender las necesidades vitales de salud sexual y reproductiva y protección de las mujeres y niñas afectadas por los terremotos, que dejaron más de 2500 personas muertas, más de 10.500 heridas y más de 42.000 desaparecidas.
El organismo de Naciones Unidas ha señalado la importancia de que los servicios esenciales de salud materna, la atención obstétrica de emergencia, la planificación familiar, el manejo clínico de la violación y la prevención y respuesta a la violencia de género permanezcan disponibles desde las primeras etapas de la emergencia, aunque suelen ser los que menos se toman en cuenta. Anunció que destinará 500.000 dólares de sus fondos temáticos de emergencia y ayuda humanitaria para apoyar la respuesta inmediata tras la activación del nivel 2 de emergencia.
“Actualmente se están enviando suministros y equipos esenciales a las zonas afectadas para mantener los servicios vitales de salud sexual y reproductiva y de prevención de la violencia de género”, mencionaron en un comunicado.
El terremoto agudizó la crisis existente y, por estas horas –más que antes, según relevan distintas coberturas en el territorio–, el cuidado, la supervivencia y la reconstrucción recaen desproporcionadamente sobre las mujeres de los sectores más vulnerables. Hacia ellas, los organismos internacionales llaman a poner el foco en la atención y la asistencia de forma inmediata.
CIFRAS VINCULADAS AL SISMO
Muertes maternas, atención de la infancia, embarazo adolescente y violencia de género: entre las problemáticas que más preocupan
Según lo publicado por la Unidad de Análisis de La Fundación Aprendizaje Ginebra, “las mujeres y las niñas ya estaban respondiendo antes de que llegara cualquier equipo oficial de rescate, y son las proveedoras más confiables de servicios de salud sexual y reproductiva y de violencia de género en el país. Sin embargo, disponen de casi ningún recurso económico y no tienen ningún espacio en las mesas de coordinación”. La organización difundió estadísticas vinculadas al género, provenientes de diversas fuentes.
Antes del terremoto, Venezuela registraba 125 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, uno de los índices más altos de América Latina. La OMS confirmó que profesionales de partería desaparecieron en La Guaira tras el terremoto, hecho que la organización describió como una brecha crítica en la atención obstétrica.
Un médico atendió un parto entre los escombros de edificios derrumbados en La Guaira, un episodio ampliamente difundido que refleja las condiciones que enfrentaban las mujeres embarazadas en las horas posteriores al desastre.
Unicef confirmó que los daños en hospitales de La Guaira, Caracas, Carabobo, Aragua y Falcón están afectando la atención a mujeres embarazadas y niños y niñas, y que los espacios de atención múltiple en los sitios de desplazamiento deberían incluir atención prenatal. Miles de mujeres embarazadas se encuentran entre las personas afectadas. Al mismo tiempo, los niños y las niñas enfrentan un riesgo elevado de separación familiar, trata de personas y desaparición, ya que la respuesta aún no cuenta con un mecanismo sistemático de localización de familias.
Antes del terremoto, Venezuela tenía una tasa de embarazo adolescente de aproximadamente 95 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años, lo que significa que una proporción significativa de las mujeres embarazadas que ahora se encuentran sin atención obstétrica son niñas.
Los servicios de salud sexual y reproductiva ya estaban al borde del colapso, y los socios de Fòs Feminista son ahora el proveedor principal sin financiamiento de emergencia. El UNFPA reportó una escasez del 80 % en los suministros anticonceptivos en Venezuela incluso antes del terremoto y asignó 500.000 dólares para cubrir kits esenciales de salud reproductiva y los salarios del personal de salud sexual y reproductiva.
La violencia de género ya está ocurriendo en los sitios de desplazamiento, y solo una entidad ha publicado datos. Tinta Violeta, una organización venezolana liderada por mujeres que opera en La Guaira y Caracas, identificó 22 casos de violencia sexual en albergues para personas desplazadas en las primeras 72 horas. Esta cifra corresponde a una sola agrupación que trabaja en un número limitado de sitios. Es una cifra mínima, no total.
Las condiciones estructurales que incrementan el riesgo de violencia de género están todas confirmadas; por ejemplo, los sitios de desplazamiento mixtos y abarrotados sin áreas de descanso con separación física. Una de las principales preocupaciones expresadas por la ONG Plan International está relacionada con las condiciones existentes en los refugios temporales donde miles de familias desplazadas conviven desde el desastre. La organización explicó que en numerosos albergues hombres, mujeres, niñas y niños comparten espacios comunes sin una adecuada separación y, en muchos casos, no existen baños diferenciados por sexo, una situación que incrementa considerablemente los riesgos de abuso y violencia sexual.
