Ohio State pagará US$100 millones por abusos sexuales

Acuerdo millonario tras décadas de denuncias contra un médico universitario

Edificio de la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos

NewsITe

La Universidad Estatal de Ohio, una de las instituciones públicas más importantes de Estados Unidos, alcanzó un nuevo acuerdo económico con exalumnos que denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales por parte del médico del campus Richard Strauss. El pacto implica el pago de 100 millones de dólares a 279 hombres que aseguran haber sido agredidos entre 1978 y 1998, muchos de ellos atletas universitarios.

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El entendimiento representa un paso clave para cerrar una batalla judicial que lleva más de ocho años en los tribunales de Ohio. Los demandantes acusaron a la universidad de haber conocido durante años las conductas abusivas de Strauss y de no haber actuado para proteger a los estudiantes. Según los testimonios, los ataques se habrían producido en el marco de controles médicos y exámenes físicos obligatorios para los deportistas.

En las próximas semanas, un perito designado por la Justicia entrevistará individualmente a cada uno de los exalumnos que forman parte del acuerdo, con el objetivo de evaluar el daño sufrido y determinar el monto de indemnización que percibirá cada víctima. La cifra global de 100 millones de dólares se distribuirá en función de esos informes periciales.

Investigaciones internas y pedidos de disculpas

El presidente de la Universidad Estatal de Ohio, Ravi Bellamkonda, destacó la importancia del arreglo y valoró el rol de quienes llevaron adelante las denuncias. “Todos los supervivientes de los abusos de Strauss son exalumnos de Ohio State. Les estamos profundamente agradecidos por su valentía al denunciar los hechos, y alcanzar una resolución definitiva es muy importante para nosotros y representa un importante paso adelante”, señaló durante una reunión de la junta directiva.

Antes de este entendimiento, la universidad ya había pactado compensaciones por más de 61 millones de dólares con otras 317 víctimas de Strauss. La casa de estudios y su expresidente pidieron disculpas públicas “a cada persona que sufrió” abusos a manos del médico, quien se suicidó en 2005 y nunca enfrentó un juicio penal por estos hechos.

Las demandas comenzaron a multiplicarse en 2018, luego de que el exluchador universitario Mike DiSabato denunciara públicamente los abusos y revelara que afectaron a cientos de deportistas masculinos. Presionada por esos testimonios, la institución contrató al estudio jurídico Perkins Coie para desarrollar una investigación independiente.

Responsabilidades políticas y alcance del caso

El informe presentado en 2019 por ese bufete concluyó que Strauss abusó sexualmente de por lo menos 177 atletas y otros estudiantes desde mediados de los años setenta hasta fines de los noventa. También sostuvo que entrenadores y administradores conocían las sospechas desde hacía al menos dos décadas y no intervinieron para detenerlo, lo que derivó en una oleada de cuestionamientos sobre la cultura interna de la universidad.

Entre los señalados figura Jim Jordan, actual congresista republicano y figura influyente en la política estadounidense, quien se desempeñó como entrenador asistente de lucha libre en Ohio State entre 1986 y 1994. Algunos exluchadores lo acusaron de haber ignorado las denuncias contra Strauss. Jordan negó de manera reiterada haber tenido conocimiento de los abusos, incluso después de que el exdirector deportivo de la universidad, Andy Geiger, declarara bajo juramento que el legislador “probablemente sabía” lo que ocurría.

Jordan declaró en el marco de los juicios civiles, pero su testimonio permanece bajo secreto de sumario. Más allá de las derivaciones políticas, el nuevo acuerdo económico refuerza la tendencia de las universidades estadounidenses a enfrentar demandas millonarias por casos de abusos sexuales cometidos en sus campus, con un mayor escrutinio sobre los mecanismos internos de denuncia y la responsabilidad institucional frente a las víctimas.

La causa de Ohio State vuelve a poner en discusión el rol de las universidades en la prevención de la violencia sexual y en la protección de sus estudiantes, incluso décadas después de ocurridos los hechos.

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