El menor debió ser internado en tres oportunidades desde diciembre de 2024 por exposición a estupefacientes. La fiscal Andrea Vega sostuvo que el último episodio no pudo considerarse accidental y los padres quedaron en prisión preventiva por seis meses.
Una pareja quedó en prisión preventiva luego de ser acusada de suministrar cocaína y marihuana en reiteradas oportunidades a su hijo de cinco años. El niño atravesó tres internaciones vinculadas al consumo de sustancias y actualmente se encuentra recuperado tras el último episodio, ocurrido durante septiembre.
Los imputados son Pablo Ariel Bustos y Valeria Anahí Cinalli, ambos de 47 años. La fiscal Andrea Vega los acusó por tentativa de homicidio agravado por el vínculo, en concurso real con suministro gratuito de estupefacientes agravado por haber sido cometido contra un menor de edad. La Justicia dispuso para ambos seis meses de prisión preventiva.
De acuerdo con la investigación, dos de las tres internaciones del niño estuvieron relacionadas con cocaína y la restante con marihuana. En este último caso, los investigadores presumen que la exposición pudo producirse por el vapeo dentro de la pequeña vivienda donde convivía con sus padres y su hermano de ocho años.
La fiscal explicó que inicialmente se había considerado la posibilidad de una exposición ambiental. Sin embargo, tras la reiteración de los episodios, la investigación descartó que la última intoxicación pudiera considerarse accidental.
“En la primera oportunidad se tomó como una exposición ambiental. La segunda fue positivo en marihuana. En esta tercera oportunidad, habiendo pasado el riesgo de vida, no había podido ser una cuestión accidental”, sostuvo Vega durante una conferencia de prensa en el Centro de Justicia Penal. Además, señaló que los padres conocían el riesgo al que exponían a sus hijos.
Un contexto atravesado por las adicciones
La fiscal indicó que ambos padres presentan consumos problemáticos y aclaró que, hasta el momento, no existen elementos que permitan sostener que se dedicaban a comercializar estupefacientes. Durante el allanamiento no se encontraron elementos destinados al fraccionamiento o distribución de drogas.
La investigación también analiza si el consumo de los padres pudo haber afectado el desarrollo de los dos niños desde los embarazos. Según Vega, ambos presentan dificultades en el habla y en otras actividades, aunque planteó esa posible relación sin establecerla como una conclusión definitiva.
La funcionaria judicial describió además un contexto de precariedad en el lugar donde residía la familia. “Hay un poco de marginalidad en la vivienda. Es pequeña, forma parte de un predio donde hay una casa de materiales más grande, donde viven otros familiares”, explicó.
La Fiscalía no descarta que el menor haya estado expuesto a drogas en otras oportunidades. Sin embargo, hasta el momento solo pudo acreditar las tres hospitalizaciones registradas desde diciembre de 2024 por consumo de sustancias.
Por la calificación legal atribuida a los padres, Vega señaló que la escala penal podría comenzar en los 10 años y superar los 25 años de prisión. La causa continuará mientras ambos imputados permanecen detenidos bajo prisión preventiva.
