El intendente Mauro Poletti impulsa la municipalización de accesos estratégicos para aplicar nuevas tasas al tránsito pesado. La medida, aprobada por el Concejo, genera cuestionamientos sobre su verdadero fin en medio de las dificultades financieras del Ejecutivo.
El intendente Mauro Poletti avanza con el plan de municipalizar los accesos a la zona industrial y urbana con el objetivo de recaudar más por la tasa de tránsito pesado. La municipalización de distintos tramos viales, aprobada recientemente por el Concejo Deliberante, no solo otorga al Ejecutivo el dominio pleno sobre corredores clave, sino que habilita un esquema de tasas que, según advierten voces opositoras y especialistas, parece responder más a la necesidad de cubrir un déficit de gestión que a una planificación real de obras.
En la última sesión del Concejo, la mayoría oficialista y parte de la oposición acompañaron el proyecto para municipalizar casi 5 kilómetros de la Ruta Provincial 51, entre el puente ferroviario sobre la Ruta 1001 y la intersección con avenida Savio. Se trata del acceso principal a la ciudad cabecera, en una zona de alta circulación y con presencia de instituciones educativas y áreas residenciales. Bajo la justificación de “mejorar la seguridad vial”, el municipio busca tomar control absoluto del tramo, intervenir en mantenimiento, iluminación y semaforización, y —según fuentes del mismo Ejecutivo— instalar sistemas de control de velocidad.
Paralelamente, días atrás el Concejo aprobó la cesión definitiva del Camino Provincial N° 087- 07, principal acceso a Villa General Savio. Conectar la Ruta 9 con el Camino de la Costa convierte este corredor en una vía crítica para el tránsito pesado que se dirige al parque industrial Comirsa y al puerto de San Nicolás. Allí, el municipio ya adelantó su intención de instalar una balanza para camiones, un dispositivo que no solo ordena el tránsito, sino que abre la puerta a un esquema de tasas que incrementará la recaudación municipal.
Aunque desde la Secretaría de Obras Públicas el discurso apunta a “ganar autonomía” y ,“mejorar la transitabilidad”, la decisión se da en un contexto de claros problemas financieros dentro del Ejecutivo. La propia administración reconoce la falta de recursos para mantenimiento urbano básico, repavimentación o iluminación en sectores ya bajo control municipal. Con este panorama, la estrategia de sumar nuevos kilómetros a su órbita parece difícil de sostener sin una motivación económica directa.
Diversos sectores políticos señalan que la municipalización de accesos no llega acompañada de un plan concreto de financiamiento de obras, sino que funcionará como herramienta para incrementar tasas al transporte pesado, uno de los pocos rubros donde el municipio puede ejercer presión fiscal inmediata. La instalación de balanzas y radares —ambos dispositivos asociados a multas y cobros específicos— refuerza esta lectura.
La votación reflejó un escenario político complejo: Unión por la Patria impulsó y aprobó ambas iniciativas, con acompañamiento de parte de Juntos por Ramallo. En contraste, el bloque de Juntos-UCR votó en contra y algunos concejales optaron por abstenerse, evidenciando las dudas en torno al alcance real de la medida. La concejal Mercedes Grilli fue la única en rechazar abiertamente la municipalización de la Ruta 51.
Para muchos, la preocupación no radica en el control vial sino en el destino de los fondos y en la repetida falta de resultados concretos en áreas donde el municipio ya tiene plena competencia. Con calles deterioradas, obras demoradas y servicios básicos que muestran deficiencias, la expansión territorial del Ejecutivo se interpreta como una jugada para obtener más ingresos sin resolver los problemas de fondo.
