Nuevo régimen de pago voluntario para infracciones a consumidores
El Gobierno nacional dispuso un nuevo esquema de pago voluntario para las empresas y proveedores sancionados por infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor (N.º 24.240). A través del Decreto 377/2026, publicado en el Boletín Oficial, se introduce un beneficio de reducción del 50% en el valor de las multas, siempre que el infractor pague dentro de los diez días hábiles posteriores a ser notificado y acepte la sanción sin apelar.
El mecanismo se incorpora a la reglamentación del artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor y replica modelos ya vigentes en otras normas de comercio interior y en regulaciones locales. El objetivo central es incentivar el cumplimiento temprano de las sanciones, acortar plazos administrativos y reducir la carga de expedientes tanto para el Estado como para el sector privado.
Según el texto oficial, “el infractor podrá cumplir con la sanción impuesta, consintiendo la misma y pagando el 50% de la suma fijada”. De esta forma, las empresas que opten por el pago voluntario obtendrán una quita significativa, aunque el decreto aclara que bajo ninguna circunstancia el monto final podrá ser inferior al mínimo previsto en el régimen de sanciones de la ley.
Condiciones, límites y objetivos de la reforma
La posibilidad de acceder a la reducción caduca automáticamente si el proveedor decide interponer un recurso de apelación contra la resolución. Es decir, el beneficio queda reservado para quienes acepten la sanción y desistan de litigar, tanto en sede administrativa como judicial.
- La reducción es del 50% del valor de la multa notificada.
- El pago debe realizarse dentro de los diez días hábiles desde la notificación.
- El infractor debe consentir la sanción y no apelar la resolución.
- El monto reducido no puede ser menor al mínimo legal vigente.
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo destaca que la medida busca “disminuir la litigiosidad administrativa y judicial”, con el fin de evitar costos económicos y tiempos prolongados tanto para la administración pública como para las empresas infractoras. Al mismo tiempo, se señala que una gestión más ágil de las multas puede contribuir a un mercado con reglas más claras y previsibles para los consumidores.
La reforma apunta a reducir la litigiosidad, bajar costos de transacción y acelerar la resolución de expedientes en materia de Defensa del Consumidor.
Con esta modificación, el Gobierno intenta ordenar y acelerar la tramitación de sanciones por incumplimientos a los derechos de los usuarios y consumidores, en un contexto de alta conflictividad en reclamos por servicios, contratos y publicidad engañosa. Resta ahora observar cómo responderán las empresas al incentivo y si el nuevo esquema logra efectivamente disminuir la judicialización de los conflictos de consumo en todo el país.
