Temporal, apagón y una deuda de control que lleva tres décadas
NewsITe
Vecinos, comercios y productores rurales de Fracrán y localidades cercanas en el centro de Misiones pasaron más de 48 horas sin energía eléctrica luego de un fuerte temporal que derribó decenas de postes y tendido eléctrico. La situación volvió a exponer una falencia estructural: la provincia acumula 31 años sin poner en marcha el ente regulador creado por ley para controlar el servicio y defender a los usuarios.
De acuerdo con datos relevados por la Agencia Noticias Argentinas, las ráfagas registradas entre el viernes y el sábado provocaron la caída de árboles, cables y más de 30 postes en zonas rurales de Fracrán, San Vicente, San Pedro y Pueblo Illia. Las consecuencias se sintieron tanto en hogares como en pequeñas empresas, colonias rurales y productores que dependen del suministro continuo.
La empresa Energía de Misiones desplegó un operativo de emergencia con cuadrillas propias, contratistas y equipos llegados desde otras áreas de la provincia. Los trabajos se extendieron durante la noche, bajo lluvia y en caminos intransitables, lo que permitió ir restableciendo paulatinamente el servicio. Sin embargo, el apagón dejó a muchas familias sin agua —por la paralización de las bombas—, generó pérdidas de alimentos en heladeras y freezers, complicó la conservación de medicamentos y obligó a frenar la producción en establecimientos rurales.
Un ente regulador creado por ley, pero nunca puesto en marcha
El episodio volvió a poner bajo la lupa una omisión institucional que atraviesa a distintos gobiernos misioneros desde mediados de los años 90. En 1995, la provincia sancionó la Ley X N.º 17, que creó el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Esa norma estableció que el organismo debía controlar la prestación del servicio, fijar estándares de calidad, inspeccionar instalaciones, aplicar sanciones, atender reclamos y exigir correcciones a las distribuidoras.
La propia ley fijó que el EPRE debía constituirse dentro de los 60 días posteriores a su reglamentación. Casi tres décadas después, no hay evidencia pública de que ese ente funcione: los usuarios carecen de una instancia independiente a la cual acudir cuando la empresa no responde, ni existen informes oficiales periódicos que permitan evaluar la calidad del suministro en la provincia.
Usuarios sin defensa y sin información transparente
En la práctica, quien sufre un corte prolongado o variaciones de tensión debe reclamar ante la misma estructura responsable de la distribución. No hay un organismo autónomo que mida la duración y frecuencia de las interrupciones, verifique los niveles de tensión ni fije estándares provinciales de calidad que permitan determinar compensaciones de manera automática.
El reglamento de suministro publicado por la distribuidora tampoco establece un plazo máximo claro para restituir el servicio tras una avería grave, ni contempla reparaciones económicas obligatorias por la pérdida de alimentos, medicamentos o días de trabajo a raíz de los cortes. De este modo, la empresa —con mayoría accionaria estatal— mantiene la facultad de intimar y cortar el servicio por mora, mientras que el usuario no dispone de herramientas equivalentes para exigir un cumplimiento efectivo.
Responsabilidad política y desafío pendiente
Energía de Misiones forma parte de la política energética provincial, y su desempeño está directamente vinculado a las decisiones del Poder Ejecutivo. Especialistas en servicios públicos señalan que no alcanza con la reacción de las cuadrillas ante cada emergencia climática: se requieren planes de inversión y mantenimiento preventivo, y un sistema de control independiente que publique datos, aplique sanciones y garantice compensaciones cuando corresponda.
El gobernador Hugo Passalacqua heredó una omisión de 31 años, pero hoy cuenta con la potestad de reglamentar y poner en marcha el EPRE, o bien actualizar el esquema de control para adecuarlo al escenario actual. Mantener el vacío de regulación también implica una decisión política, que impacta de manera directa en la vida cotidiana de miles de usuarios del interior misionero.
Mientras los operarios avanzan con la reposición de postes y líneas caídas, la emergencia puntual empieza a encaminarse hacia su cierre. Sin embargo, la sensación de desprotección persiste: Misiones continúa sin medir públicamente la calidad del servicio eléctrico, sin mecanismos claros para sancionar los incumplimientos y sin un sistema que reconozca compensaciones adecuadas frente a cortes prolongados. El temporal dejó sin luz a la región por dos días; la ausencia de un ente regulador arrastra más de tres décadas de oscuridad institucional.
