Fuerte fuga de afiliados de la salud privada hacia el sistema público
NewsITe
Más de 1,2 millones de argentinos y argentinas perdieron su cobertura de salud privada —ya sea prepaga, obra social o mutual— desde el inicio del gobierno de Javier Milei y pasaron a depender exclusivamente del sistema público. El dato surge de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) elaborado en base a estadísticas del INDEC y revela el impacto combinado de la crisis del empleo y los fuertes aumentos en las cuotas de las prepagas.
Según el estudio, entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026, exactamente 1.246.285 personas dejaron de tener cobertura privada. Este traspaso masivo de pacientes está ejerciendo una presión inédita sobre hospitales y centros de atención estatales de todo el país, que registran un incremento del peso poblacional de la demanda en todas las regiones, sin excepciones.
El informe vincula esta situación con dos factores centrales: la desregulación de precios en la medicina prepaga y la caída del empleo formal. Desde noviembre de 2023 hasta julio de 2026, las cuotas de las prepagas aumentaron un 475%, por encima de la inflación acumulada del período, calculada en 329%. Para muchas familias, mantener el servicio se volvió directamente imposible.
Caída del empleo y pérdida inmediata de la obra social
La crisis laboral aparece como otro elemento clave. Desde la asunción de Milei se perdieron 241.746 puestos de trabajo registrados, de acuerdo con el relevamiento del IAG. Cada empleo formal que se pierde implica un corte automático en la afiliación a la obra social, dejando desprotegido tanto al trabajador como a su grupo familiar, que debe recurrir a los hospitales públicos para cualquier atención médica.
El fenómeno se refleja con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el conurbano bonaerense, la población sin cobertura privada creció un 21,4%. En términos regionales, el AMBA pasó de tener un 30,8% de su población dependiendo del sistema público a un 35,9%, lo que significa que 904.131 personas se incorporaron netamente a la red estatal de salud.
Regiones bajo presión: del NEA a la Patagonia
El Noreste argentino se consolidó como la región con mayor vulnerabilidad sanitaria. Allí, el porcentaje de habitantes que solo cuenta con el hospital público subió del 44,3% al 46,3%, sumando 40.716 personas nuevas a la dependencia estatal. En Cuyo, la proporción de población sin cobertura privada pasó del 34,3% al 38,0%, lo que implica 82.708 personas más atendidas por el sistema público.
La Patagonia también sintió el impacto: los habitantes que dependen exclusivamente de la salud pública crecieron del 21,5% al 23,4%, con un incremento neto de 29.022 personas. En la región Pampeana se registró una adición de 146.481 personas al sistema estatal (del 30,2% al 32%), mientras que el Noroeste sumó 43.227 nuevos usuarios del sector público, alcanzando una tasa de dependencia del 39,6%.
Ciudades más afectadas y distribución por género
- El conglomerado Ushuaia–Río Grande encabeza el ranking nacional, con un aumento del 47,1% en la población sin cobertura médica privada.
- Le siguen Viedma–Carmen de Patagones, con un incremento del 40,1%, y el Gran Catamarca, con una suba del 21,8%.
La pérdida de coberturas se dio de manera prácticamente simétrica entre varones y mujeres. En el caso de las mujeres, 624.948 dejaron de tener prepaga u obra social, por lo que la población femenina dependiente del sistema público creció un 13,35%, pasando de 4.682.237 a 5.307.185 entre fines de 2023 y principios de 2026.
En paralelo, 621.337 hombres quedaron sin cobertura privada, lo que implicó un incremento del 13,09%: de 4.745.894 varones dependientes de la salud pública se pasó a 5.367.231 en apenas poco más de dos años.
Para el Instituto Argentina Grande, la combinación de tarifas en alza, pérdida de empleo y mayor presión sobre hospitales públicos dibuja un escenario sanitario crítico, especialmente en las zonas de menores ingresos. El organismo advierte que, sin medidas específicas para reforzar el sistema estatal y mejorar el acceso a la cobertura privada, la brecha en el derecho a la salud podría profundizarse aún más en los próximos meses.
El informe agrega que la sobrecarga del sector público no solo se mide en cantidad de pacientes, sino también en mayor demanda de estudios, tratamientos crónicos y guardias, lo que obliga a las provincias y municipios a replantear recursos, infraestructura y planteles profesionales en un contexto de restricciones presupuestarias.
