Fuerte pronunciamiento por la convivencia democrática
NewsITe
Referentes del peronismo, el radicalismo y otros espacios políticos difundieron una declaración conjunta a cuatro años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, en la que reclamaron que en Argentina rija un claro “nunca más a la violencia política” y se recupere la legitimidad del adversario como condición básica para la convivencia democrática.
El documento, titulado “La democracia no admite la eliminación del adversario”, fue dado a conocer este 1° de septiembre, en el aniversario del intento de asesinato contra la entonces vicepresidenta ocurrido en 2022 frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. Los firmantes advierten que aquel ataque no puede leerse como un hecho aislado, sino como el resultado de un clima previo alimentado por discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas y distintas formas de violencia política.
Entre quienes suscriben el texto aparecen dirigentes de distintos espacios: el jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans; Sergio Massa y Diego Giuliano, por el Frente Renovador; Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal; Ricardo Alfonsín, del Frente Amplio por la Democracia; y Federico Storani, de Radicalismo Auténtico. También acompañan Juan Grabois, Martín Sabbatella, Guillermo Moreno, Leopoldo Moreau, Carlos Heller, Emilio Pérsico, Claudio Lozano, Gustavo López, Juan Carlos Alderete y otros referentes políticos.
En el texto se marca una advertencia central: existe una frontera que ninguna democracia puede cruzar, cuando la eliminación simbólica del adversario termina habilitando su eventual eliminación física. En esa línea, se subraya que el aniversario del atentado no interpela solo al peronismo ni al entorno de Cristina Fernández de Kirchner, sino al conjunto del sistema democrático argentino, más allá de las pertenencias partidarias.
Rechazo al lawfare y llamado a más participación
La declaración cuestiona además el avance del lawfare, al que define como el uso de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir, disciplinar o excluir dirigentes de la competencia democrática. Los firmantes señalan la articulación entre persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento en redes sociales, y alertan sobre el impacto que esa dinámica tiene en la calidad institucional y en la confianza ciudadana.
El pronunciamiento establece un puente con la memoria histórica y alude a los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. No obstante, aclara que se trata de contextos profundamente diferentes y rechaza toda intención de trazar equivalencias simplificadoras con el terrorismo de Estado, aunque remarca que la experiencia argentina dejó como aprendizaje que ningún proyecto de país puede construirse sobre la eliminación de quien piensa distinto.
- Reivindicación de la legitimidad del adversario como base de la democracia.
- Cuestionamiento a los discursos de odio y a las campañas de desinformación.
- Rechazo al lawfare y a la persecución judicial con fines políticos.
- Llamado a más participación, más debate público y más política.
“En democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos. Nunca más la eliminación del adversario. Nunca más la violencia política”.
El texto concluye con un llamado a reforzar la cultura democrática, a confrontar sin deshumanizar y a recuperar la posibilidad de discutir en profundidad sin negar el derecho del otro a existir políticamente. Los dirigentes sostienen que, frente a los discursos de polarización extrema, la respuesta debe ser más democracia, más participación ciudadana y más política como herramienta de transformación pacífica.
