La Casa Rosada analiza si mantiene este año el impulso a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada o posterga la discusión para 2027. En el Gobierno consideran que la suspensión de la derogación de la Ley de Tierras les permite reducir la exposición sobre uno de los puntos más cuestionados del DNU 70/2023.
El Gobierno nacional evalúa cómo continuará su estrategia legislativa luego de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera provisoriamente el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras Rurales. En la Casa Rosada consideran que la decisión judicial les permite correrse de una discusión que había generado resistencia en la oposición. E incluso cierta rispidez entre gobernadores que mantienen diálogo con el oficialismo.
Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que la resolución del máximo tribunal “les saca de encima” un tema que se había convertido en uno de los puntos más cuestionados del decreto. La discusión interna pasa ahora por definir si el Gobierno insistirá durante este año con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, o bien, si postergará su tratamiento para 2027.
“Hay que ver cómo se digiere. Dejamos de hablar del tema, pero la ley tiene puntos relevantes. Tenemos que definir si lo encaramos el próximo año”, señaló una fuente legislativa al tanto de las conversaciones. La mesa política del oficialismo deberá resolver esa cuestión mientras ordena el cronograma parlamentario de las próximas semanas.
El fallo modificó la discusión en el Congreso
El bloque de LLA en Diputados había convocado a una reunión de comisión para avanzar con la discusión de la Ley de Tierras. Todo esto dentro del paquete de reformas promovido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La intervención de la Corte modificó ese escenario al restablecer provisoriamente los límites que habían quedado sin efecto mediante el DNU 70/2023.
Dentro del oficialismo también analizan el impacto que tendrá la resolución sobre la ofensiva opositora para derogar el decreto en el Congreso. La eliminación de las restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales constituía uno de los argumentos utilizados por los bloques que cuestionan el DNU. Esto provocó rechazos entre distintos sectores políticos y organizaciones vinculadas con la defensa de la soberanía territorial.
El Gobierno evalúa además impulsar una sesión especial el miércoles 21 de octubre para tratar la denominada Ley en Defensa de la Soberanía Nacional junto con iniciativas relacionadas con discapacidad y morosidad. La discusión sobre propiedad privada y el régimen de tierras podría incorporarse nuevamente a la agenda. No obstante, la definición dependerá de las negociaciones parlamentarias y de los acuerdos que el oficialismo pueda alcanzar con los gobernadores.
La lectura del Gobierno sobre la decisión de la Corte
En la Casa Rosada interpretan que la intervención de la Corte reduce el costo político que implicaba sostener la derogación de la Ley de Tierras en medio de los cuestionamientos. La suspensión provisoria permite al Ejecutivo ganar tiempo para definir si vuelve a impulsar cambios sobre el régimen vigente mediante una ley aprobada por el Congreso.
La decisión judicial no resuelve, sin embargo, la discusión de fondo sobre el DNU 70/2023. La Corte suspendió provisoriamente el artículo que derogaba la Ley de Tierras mientras el expediente regresa al juzgado competente. Se deberá analizar la legitimación de los demandantes y pronunciarse sobre el pedido de medida cautelar.
El frente judicial continuará así abierto al mismo tiempo que el Gobierno redefine su estrategia parlamentaria. La decisión que adopte sobre el proyecto de propiedad privada determinará si la discusión por los límites a la extranjerización de las tierras vuelve al Congreso durante 2026 o queda postergada para el próximo año.
