El Senado se prepara para tratar la nueva ley de discapacidad
NewsITe
El proyecto de “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” ya ingresó al Senado y el oficialismo libertario busca acelerar su tratamiento. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se fijó como objetivo que la iniciativa sea aprobada en noviembre, luego de la amplia mayoría obtenida en Diputados.
La norma apunta a convertir en política permanente la protección del sistema de discapacidad, tomando casi en su totalidad el esquema de la Ley de Emergencia en Discapacidad que rige hasta fin de año. El proyecto cosechó 237 votos afirmativos, apenas nueve rechazos y cuatro abstenciones en la Cámara baja, un respaldo transversal que incluyó al peronismo y a bloques opositores dialoguistas.
La apuesta de Bullrich y del ala política del Gobierno es capitalizar ese consenso y enviar una señal institucional fuerte, en medio de las tensiones con el equipo económico. El sector más duro de Economía, donde se referencia el ministro Luis “Toto” Caputo, resiste el texto por el costo fiscal, ya que la ley blinda una serie de beneficios y actualizaciones automáticas vinculadas al sistema de prestaciones para personas con discapacidad.
El trasfondo político de la negociación
El proyecto tiene impulsoras clave dentro del oficialismo, como las diputadas Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici, muy cercanas a Bullrich. Rodríguez Machado llevó adelante las negociaciones con los bloques dialoguistas, mientras que Giudici funcionó como articuladora entre el Congreso y la Casa Rosada. Ambas presionaron para revertir la redacción original del Presupuesto 2027, que desmantelaba buena parte de la protección vigente.
Esa versión del Presupuesto proponía eliminar el nomenclador único y el arancel unificado para prestadores, derogar la actualización mensual de los aranceles, restringir la compatibilidad entre pensiones y empleo formal y volver a un paradigma centrado casi exclusivamente en la invalidez laboral. El texto encendió las alarmas de organizaciones del sector y de legisladores que venían de acordar la ley de emergencia.
El malestar llegó hasta la propia Bullrich, que cuestionó públicamente la estrategia del Ejecutivo y reclamó la corrección de esos artículos. Desde la conducción de la Cámara de Diputados, encabezada por Martín Menem, se acudió a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para lograr que el Gobierno retirara los puntos más conflictivos del Presupuesto y despejara el camino a la nueva ley.
Qué cambia con la nueva ley para el sistema de discapacidad
La iniciativa replica casi todos los beneficios establecidos en la ley 27.793 de emergencia, pero los transforma en un régimen permanente y de orden público, que trasciende a los gobiernos de turno. Entre los puntos centrales se mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión contributiva por discapacidad (equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo) y el acceso a un empleo formal o monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos.
- Se ratifica el principio de nomenclador único y el arancel unificado para prestadores.
- Se asegura la indexación automática y periódica de los aranceles según la movilidad jubilatoria atada al IPC.
- Se garantiza la cobertura médica básica del Plan Federal Incluir Salud para quienes cobran la pensión por discapacidad.
- Se fija que el presupuesto del Ministerio de Salud no podrá reducirse en términos reales respecto del año anterior.
- Se crea un sistema de auditorías con cruce de datos entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER.
A pedido de bloques aliados, se incorporó además una cláusula que obliga al Poder Ejecutivo a establecer un cronograma de pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para reglamentar ese punto. La medida busca responder a uno de los reclamos históricos del sector: la demora en los pagos por prestaciones ya brindadas.
El rol del Senado y las expectativas de sanción definitiva
En la Cámara alta, Bullrich tendrá como aliado estratégico al cordobés Luis Juez, también de La Libertad Avanza, cuya hija padece parálisis cerebral. Juez ya había respaldado la ley de emergencia en discapacidad y votado contra el veto del presidente Javier Milei, desmarcándose del oficialismo de entonces. Su compromiso con la temática anticipa un fuerte impulso al tratamiento del proyecto.
Otro actor relevante es el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, del bloque Argentina Federal, quien aportó modificaciones sustanciales al dictamen aprobado en Diputados. Con una discapacidad auditiva, Herrera Ahuad se convirtió en una de las voces más escuchadas en el debate y ayudó a construir el consenso que desalentaría un eventual nuevo veto presidencial.
La media sanción con 237 votos a favor fue leída en el Congreso como un mensaje político potente: el sistema de protección a la discapacidad se consolidó como una política de Estado difícil de revertir.
Ahora, el Senado deberá definir el cronograma de trabajo y las instancias de comisión para avanzar hacia la firma del dictamen. En los pasillos del Congreso se descuenta que la votación replicará la amplia mayoría de Diputados e, incluso, no se descarta una aprobación prácticamente unánime, lo que sellaría la transformación de la ley de emergencia en un régimen permanente para las personas con discapacidad en la Argentina.
