La Corte Suprema dejó firme un fallo clave por responsabilidad estatal
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible un recurso de la provincia de Buenos Aires y dejó firme una condena que obliga al Estado bonaerense a indemnizar a la familia de Delfina “Petty” Curuil, una mujer de 62 años asesinada en un femicidio ocurrido en 2009 en Bahía Blanca, luego de haber denunciado reiteradas amenazas y pedidos de ayuda que no fueron debidamente atendidos.
Curuil fue degollada el 2 de marzo de 2009 en su vivienda por Adrián Andrés Gon, de 25 años. Antes del crimen, el agresor la había hostigado y amenazado en varias oportunidades, lo que motivó que la víctima realizara distintas denuncias ante las autoridades y reclamara medidas de protección. Sin embargo, según quedó acreditado en el expediente, no se activaron mecanismos eficaces de prevención ni resguardo.
Años después del hecho, la hija de Curuil, en representación propia y de sus hijos, inició una demanda civil contra el autor del femicidio y contra la provincia de Buenos Aires, reclamando una reparación económica por el daño moral y los perjuicios sufridos. El eje del planteo fue la responsabilidad del Estado por la inacción de las fuerzas de seguridad y de los organismos competentes frente a una situación de riesgo que había sido advertida con anterioridad.
El juzgado interviniente dio parcialmente la razón a la querella y distribuyó la responsabilidad: atribuyó el 80% al femicida y el 20% al Estado provincial, al entender que hubo omisiones relevantes en la protección de la víctima. Además, fijó una indemnización por daño moral y otros conceptos a favor de los familiares.
Fallo provincial y confirmación de la Corte nacional
La sentencia fue luego revisada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que confirmó la responsabilidad y, a la vez, elevó los montos indemnizatorios. Disconforme con el pronunciamiento, la provincia de Buenos Aires apeló al sostener que no existía relación causal entre el homicidio y su actuación, y que las denuncias realizadas por Curuil habían sido tramitadas por los organismos correspondientes.
La Suprema Corte bonaerense rechazó esos argumentos y ratificó la condena. En su fallo, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el máximo tribunal provincial consideró probado un cuadro de “inercia” y “desinterés” por parte de funcionarios y autoridades ante los reiterados pedidos de intervención de la víctima. También destacó que las denuncias formuladas constituyeron una “alerta temprana” del riesgo que enfrentaba Curuil, lo que hacía exigible una respuesta más diligente del Estado.
Frente a esa decisión, la Fiscalía de Estado bonaerense presentó un recurso extraordinario federal, que llegó en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron declarar inadmisible el planteo, con lo que dejaron firme la sentencia provincial y, en consecuencia, la obligación de indemnizar a la familia de la víctima.
Un precedente en materia de violencia de género
El caso se suma a una serie de fallos en los que los tribunales argentinos avanzan en la determinación de la responsabilidad estatal frente a situaciones de violencia de género, especialmente cuando existen denuncias previas y señales de alerta que no son atendidas con la rapidez y eficacia necesarias. La decisión refuerza el criterio de que la falta de medidas de prevención adecuadas puede generar responsabilidad por omisión.
- Reconoce la responsabilidad parcial del Estado por no haber protegido a la víctima.
- Subraya el valor de las denuncias como indicio temprano de riesgo.
- Ratifica el deber de actuación diligente de fuerzas de seguridad y funcionarios.
Para la justicia, la “inercia” y el “desinterés” de las autoridades ante las reiteradas denuncias de Delfina Curuil contribuyeron al desenlace fatal y hacen nacer el deber de reparar a sus familiares.
El fallo, que ya es definitivo, se inscribe en un contexto de creciente exigencia social y judicial para que el Estado, en todos sus niveles, adopte políticas y protocolos eficaces de prevención, acompañamiento y protección de mujeres en situación de violencia de género, con el objetivo de evitar nuevos femicidios.
