El titular del Juzgado de Garantías Nº 1, Román Parodi, hizo lugar al pedido del fiscal Martín Mariezcurrena de prohibir por 60 días cualquier acercamiento a menos de 300 metros del inmueble del gremio de los constructores a cualquier persona que, sola o en grupo, ocasione disturbios, o pretenda armar carpas o gazebos para permanecer en el lugar. La resolución también conmina a la fuerza policial a acatar las órdenes del Juzgado en lo Correccional.
Guillermo Insúa
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El titular del Juzgado de Garantías Nº 1, Román Parodi, hizo lugar al pedido del fiscal Martín Mariezcurrena de prohibir la instalación de carpas o gazebos frente a la sede de calle Urquiza. La decisión se tomó al día siguiente de los violentos episodios de enfrentamientos entre dos facciones del gremio de los constructores, frente a la inacción preventiva de los efectivos de Policía Local.
En su parte resolutiva, la disposición del juez Parodi expresa: «Resuelvo hacer lugar a la solicitud del Sr. Agente Fiscal, Dr. Martín Mariezcurrena, y, en consecuencia, ordenar la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de la sede de la UOCRA, sita en calle Urquiza 93, entre las calles Belgrano y Mitre de esta ciudad, de cualquier persona que sola o en grupo ocasione disturbios, o pretenda armar carpas y/o gazebos, para permanecer en el lugar, o de cualquier manera colabore en las conductas descriptas, por el plazo de 60 días, en los términos de los artículos 23, 23 bis, 144 subsiguientes y concordantes del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires».
El artículo II de la resolución firmada por Parodi queda de manera explícita el – digamos– reto del juez de Garantías al titular de la Comisaría Primera. «Resuelvo ordenar al Sr. Jefe de la Comisaría Primera de la ciudad a dar cumplimiento de lo dispuesto por la Dra. Luciana Díaz Bancalari, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 3, respecto de que deberá tomar las medidas necesarias para el cese de la infracción (…), procediendo a la intervención de los involucrados e intervención correspondiente de conformidad (…) a los fines de asegurar la libre circulación vehicular, debiendo tomar las medidas correspondientes para resguardar la tranquilidad pública». NdR: Clarito.
Los violentos episodios desatados el jueves frente a la sede gremial de la Uocra pusieron de manifiesto que –en este caso puntual– la Justicia funcionó; la Policía, no.
¿Qué falló? ¿Quién falló?
Los violentos episodios desatados el jueves frente a la sede gremial de la Uocra pusieron de manifiesto que –en este caso puntual– la Justicia funcionó; la Policía, no. Como publicara este diario en la edición de viernes, el Juzgado Correccional actuó una hora después de iniciados los enfrentamientos porque la Policía presentó las actuaciones correspondientes una hora más tarde de desatarse el caos. Pero, incluso, la decisión de la jueza Luciana Díaz Bancalari de identificar y aprehender a los manifestantes violentos fue desoída por la fuerza policial, que nunca detuvo a nadie. Más claro, imposible.
Por tratarse de una contravención, Fiscalía no podía actuar. Es el Juzgado en lo Correccional el que debe proceder cuando se viola el Código de Faltas, y siempre luego de haber recibido las actuaciones policiales.
Para que se entienda, la responsabilidad en materia de prevención es exclusiva del Departamento Ejecutivo Municipal y se ejecuta a través de la Policía. Esto es lo que falló. Y lo que no puede volver a fallar.
Fiscalía solo puede actuar ante un delito consumado. Delito, no contravención. En el lugar de los hechos, este diario conversó con la instructora fiscal, quien se hizo presente para interiorizarse de la situación e informar al fiscal de turno, Martín Mariezcurrena. “Nosotros estamos al corriente de lo que está pasando, aguardando que no ocurra nada grave. Esperamos que la policía pueda copar la situación, evitar daños a la propiedad y a la integridad física de las personas”, explicaba Mariezcurrena ante la consulta de EL NORTE, mientras los hechos violentos ocurrían. Pero la policía no pudo evitar ni daños a la propiedad ni a la integridad física de las personas. Como tampoco hubo aprehensiones, el fiscal no necesitó actuar para convalidar o no esas aprehensiones. “La responsabilidad en materia de prevención es exclusiva del Ejecutivo, y se ejecuta a través de la Policía”, dejó en claro Mariezcurrena.
