La Corte rechazó la domiciliaria a dos líderes del Templo Filadelfia

La decisión del máximo tribunal sobre la secta evangélica

Fachada de un edificio judicial en la causa Templo Filadelfia

NewsITe

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las prisiones preventivas de dos de las acusadas en la causa conocida como “Templo Filadelfia”, al rechazar por inadmisibles los planteos de prisión domiciliaria presentados por las defensas de Eva Petrona Pereyra y María Luisa Alza.

Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó los recursos extraordinarios que pretendían que ambas imputadas continuaran el proceso fuera de la cárcel. La resolución se inscribe en el marco de una megacausa por trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre que se habría extendido durante casi cinco décadas.

– Publicidad –

La investigación judicial apunta a una organización que operó bajo la apariencia de congregación evangélica, con sede central en San Justo, partido de La Matanza, y ramificaciones en distintas provincias argentinas, además de Paraguay y Brasil. De acuerdo con la acusación fiscal, se trató de una estructura jerarquizada que captaba personas en situación de vulnerabilidad para someterlas a un régimen de trabajo y obediencia extrema, bajo el argumento de la “voluntad de Dios”.

En 2024 comenzó el juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín contra 28 imputados, señalados como integrantes de una red internacional dedicada a la explotación laboral. Los hechos investigados abarcan el período comprendido entre 1972 y el 1 de diciembre de 2020, y habrían afectado al menos a 25 víctimas.

Una estructura de explotación bajo apariencia religiosa

Según la acusación, Pereyra era considerada la principal líder espiritual del grupo. En el marco de las denominadas “Fiestas del Señor”, se presentaba como poseída por una entidad divina y exigía a los fieles la entrega de sus bienes más valiosos, incluyendo propiedades e incluso a sus propios hijos, quienes luego eran incorporados al esquema de trabajo al alcanzar determinada edad.

Las víctimas eran persuadidas para incorporarse a la congregación y, ya dentro, debían realizar diferentes tareas: elaboración de productos panificados, venta ambulante, trabajos de albañilería y mantenimiento, cuidado de campos y ganado, así como la construcción de templos y viviendas. De acuerdo con la investigación, los ingresos generados por esas labores debían ser entregados íntegramente a la Iglesia Filadelfia.

Los líderes del grupo se atribuían poderes divinos y exigían a los integrantes obediencia absoluta, tanto en lo espiritual como en lo cotidiano. La organización también fomentaba la formación de parejas supuestamente dispuestas por designio celestial, reforzando así el control sobre la vida privada de los miembros y asegurando la continuidad del sistema puertas adentro.

Delitos imputados y alcance del proceso

Los acusados enfrentan cargos por asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada, en carácter de coautores. A una de las mujeres que integraba la conducción se le atribuyen, además, hechos de abuso sexual en perjuicio de cuatro víctimas, dos de ellas menores de edad al momento de los sucesos.

El juicio oral busca determinar las responsabilidades penales por una presunta trama de sometimiento prolongado, en la que se habría mezclado la fe religiosa con mecanismos de manipulación psicológica, control económico y explotación laboral sistemática. Con el rechazo de la Corte Suprema, Pereyra y Alza continuarán detenidas mientras avanza el debate oral y se oyen los testimonios de víctimas y testigos.

La causa Templo Filadelfia se convirtió en uno de los expedientes emblemáticos sobre el uso de estructuras religiosas para encubrir delitos de trata y explotación en la Argentina.

La resolución del máximo tribunal refuerza el criterio de los tribunales inferiores en cuanto a la gravedad de los hechos, el número de víctimas y el riesgo procesal, y marca un nuevo capítulo en un proceso que busca echar luz sobre casi medio siglo de presunto sometimiento encubierto tras un discurso de fe.

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -