La Corte Suprema ratificó penas por un caso de violencia policial en pandemia
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas contra tres efectivos policiales por un episodio de violencia institucional ocurrido en plena segunda ola de COVID-19, cuando regían fuertes restricciones a la circulación en todo el país. El caso volvió a poner bajo la lupa el accionar de las fuerzas de seguridad durante la emergencia sanitaria.
El hecho se remonta al 24 de mayo de 2021. Aquella jornada, Luis Díaz regresaba a su domicilio luego de retirar dinero de un cajero automático cercano cuando fue interceptado por un patrullero en el que se encontraban los policías Martín Alderete y Romina Montesino, quienes además eran pareja. Los efectivos le labraron un acta por presunta violación de las normas de circulación, pero el hombre se negó a firmarla y decidió continuar camino hacia su vivienda.
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Según quedó acreditado en el expediente judicial, los agentes lo persiguieron y lo volvieron a detener a pocos metros. En ese contexto, Alderete lo golpeó en el rostro con tal violencia que le provocó la pérdida de tres piezas dentarias. Lejos de asistirlo, los policías solicitaron apoyo y trasladaron a Díaz a una comisaría, donde se intentó justificar la detención mediante un sumario interno.
De acuerdo con la sentencia, el jefe de servicio de la dependencia, Sebastián Bustos, confeccionó un acta en la que se dejó asentado que Montesino había sido víctima de una agresión, versión que luego fue desmentida en el debate oral. Ese intento de encubrir el accionar policial derivó en una imputación por falsificación de instrumento público, sumada a las acusaciones por lesiones graves y vejaciones.
Las condenas y la decisión del máximo tribunal
En el juicio, los tres efectivos enfrentaron cargos por lesiones graves calificadas por su condición de empleados policiales y por vejaciones, en concurso real con falsificación de instrumento público. El tribunal de primera instancia condenó a Martín Alderete a cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento, mientras que Romina Montesino y Sebastián Bustos recibieron penas de dos años de prisión.
El fallo fue luego confirmado por el Superior Tribunal de Justicia provincial, que ratificó tanto la calificación legal como las penas impuestas. Las defensas de Alderete y Montesino intentaron entonces llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que la sentencia resultaba arbitraria y que se habían vulnerado garantías constitucionales durante el proceso.
- Alderete, autor del golpe que provocó la pérdida de tres dientes a la víctima.
- Montesino, partícipe en el procedimiento y en el relato falso incorporado al sumario.
- Bustos, jefe de servicio que confeccionó el documento para justificar la detención.
El máximo tribunal, sin embargo, rechazó los recursos extraordinarios por inadmisibles, sin abrir una nueva instancia de análisis de la prueba, y de esa forma dejó firmes las condenas. Con esta decisión, se agotan las vías ordinarias de revisión y el fallo adquiere carácter definitivo.
Violencia institucional en contexto de restricciones sanitarias
El caso se inscribe en una serie de denuncias por violencia institucional registradas durante los meses más estrictos de la pandemia, cuando las fuerzas de seguridad tuvieron un rol central en el control de la circulación. Organismos de derechos humanos y especialistas en derecho penal advirtieron en aquel momento sobre el riesgo de abusos amparados en la excepcionalidad del contexto sanitario.
La sentencia firme de la Corte funciona como un mensaje hacia las fuerzas de seguridad sobre los límites del uso de la fuerza y la obligación de respetar las garantías individuales, incluso en escenarios de emergencia.
Con la resolución del máximo tribunal, se consolida un antecedente relevante respecto de la responsabilidad penal de los funcionarios policiales frente a hechos de maltrato, golpes, detenciones arbitrarias y posteriores intentos de encubrimiento mediante documentación falsa, aun cuando esos hechos hayan ocurrido bajo la vigencia de medidas extraordinarias como las dispuestas durante la pandemia de COVID-19.
