Cruce en redes entre el Banco Central y un exministro por la deuda de las familias
El debate sobre el endeudamiento de los hogares argentinos sumó en las últimas horas un capítulo de alta tensión política. El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y el exministro de Hacienda de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, protagonizaron un fuerte cruce en la red social X a partir de la discusión sobre la morosidad de las familias y el rol del Estado frente a los conflictos entre deudores y entidades financieras.
El intercambio comenzó cuando Lacunza publicó un hilo en el que cuestionó la idea, expresada por el Gobierno de Javier Milei, de que el problema del aumento de la mora en los créditos al consumo es un asunto “entre privados”. Para graficarlo, el exfuncionario utilizó una metáfora vial: comparó la situación con un choque de autos, donde también participan particulares, pero necesariamente intervienen la policía, una ambulancia y la Justicia para garantizar que se cumplan las normas.
En ese marco, Lacunza remarcó que nadie espera que un juez pague los daños con fondos públicos, pero sí que supervise el proceso, controle que se respeten las reglas y promueva acuerdos voluntarios. A su criterio, algo similar debería ocurrir con el mercado de crédito cuando se acelera la oferta de préstamos para recomponer consumo, sin la debida educación financiera ni advertencias claras sobre los riesgos que asumen los tomadores.
La respuesta de Bausili y la postura del Gobierno
Horas más tarde llegó la réplica de Santiago Bausili. El titular del BCRA acusó a Lacunza de transformar un conflicto económico entre privados en una idea de falta de supervisión estatal “totalmente falsa” y le recordó su propio paso por la institución. Señaló que el exministro sabe “perfectamente cómo funciona la realidad” y sugirió que su mirada actual responde más a posicionamientos políticos que técnicos.
Desde la Casa Rosada y el equipo económico vienen insistiendo en que el Estado no debe intervenir para rescatar a personas que dejaron de pagar sus créditos. Argumentan que los indicadores de morosidad, si bien mostraron un incremento en los últimos meses, no describen una situación de crisis sistémica y que, incluso, los últimos datos marcan un cambio de tendencia con leve baja en la irregularidad de pago.
Datos sobre mora y crédito que encendieron la discusión
Lejos de dar por cerrado el tema, Lacunza volvió a la carga con cifras que, según planteó, muestran la dimensión del problema. Indicó que el 28% de las personas endeudadas se encuentra en situación de mora, lo que equivale al 12,8% del monto total de los créditos, y que esa proporción se eleva al 15,5% cuando se incluyen las billeteras virtuales y otras formas de financiamiento. Además, subrayó que el crédito creció más de 130% en términos reales en 2024, impulsado en buena medida por el consumo.
- Alrededor del 28% de los deudores estaría en mora, según Lacunza.
- El peso de la mora en monto se ubicaría entre 12,8% y 15,5%, según el tipo de crédito.
- El crédito al consumo habría aumentado más de 130% real en lo que va de 2024.
El economista advirtió que si las proyecciones oficiales sobre la recuperación del salario real resultan demasiado optimistas, la capacidad de repago de las familias será menor a la esperada. En ese escenario, señaló, se reproducen contratos en los que el prestamista maneja más información que el tomador, lo que puede esconder tasas muy elevadas, especialmente en un contexto de inflación descendente donde las cuotas fijas lucen, a primera vista, más accesibles.
“Negar el problema sería una preocupación adicional, como tampoco es opción dejar en la banquina a tanta gente”, planteó Lacunza, al tiempo que reconoció la capacidad de Bausili para encarar soluciones sin recurrir a fondos del Estado.
El cruce deja al descubierto un debate más amplio sobre hasta dónde debe llegar la regulación oficial en el mercado de crédito y cuáles son los límites de la intervención pública cuando crece la morosidad de los hogares. Mientras el Gobierno defiende la no injerencia y apuesta a acuerdos entre bancos y clientes, desde sectores de la oposición advierten por el riesgo social de un incremento sostenido de la deuda impaga. Todo indica que la discusión sobre quién debe hacerse cargo del costo de la crisis del crédito recién empieza.
