La Corte Suprema somete a juicio el esquema eléctrico riojano
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió abrir un juicio ordinario contra la Provincia de La Rioja por el esquema aplicado a las tarifas eléctricas bajo la gestión del gobernador Ricardo Quintela y por la millonaria deuda reclamada por CAMMESA vinculada a EDELAR, la distribuidora local de energía.
El máximo tribunal ordenó dar trámite a la demanda iniciada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que cuestiona las normas provinciales que frenaron el traslado a los usuarios de los aumentos definidos a nivel nacional. El expediente, identificado como CSJ 1847/2024, quedó bajo competencia originaria de la Corte, que otorgó un plazo de 60 días para que la Provincia responda el reclamo.
La demanda apunta específicamente al Decreto 370/2024 y a la Resolución 133/2024 del Ministerio de Agua y Energía riojano. Según expone CAMMESA, ese andamiaje regulatorio impidió aplicar el precio estacional de la energía fijado por la Secretaría de Energía de la Nación y, además, habilitó a descontar de las compras mayoristas los créditos reconocidos a usuarios residenciales y comerciales.
De acuerdo con la presentación, esa ingeniería financiera alteró la cadena de pagos del mercado eléctrico mayorista y derivó en una deuda informada en $8.183.406.774,76 al momento de promover la acción judicial. Se trata del monto reclamado en el inicio del expediente y no de una actualización a valores de 2026 ni de una condena firme de pago dictada por la Corte.
El rol del Estado nacional y el impacto en los usuarios
La resolución de la Corte dispuso notificar al gobernador Ricardo Quintela y al fiscal de Estado de La Rioja, y también citó al Estado nacional, a través del Ministerio de Economía, para que intervenga como tercero interesado. De esta manera, el conflicto por las tarifas y el financiamiento del servicio eléctrico trasciende el ámbito provincial y se proyecta como un caso testigo de la puja entre Nación y provincias por la política energética.
El esquema cuestionado preveía que el gobierno riojano asumiera de manera transitoria el costo de la diferencia tarifaria mediante un fondo de compensación. Sin embargo, CAMMESA sostiene que la Provincia no efectuó pagos cancelatorios por la energía adquirida para EDELAR, lo que, a juicio de la empresa mayorista, terminó generando un desfasaje que ahora se ventila ante el máximo tribunal.
- La Corte abrió un proceso ordinario, no sumario, para analizar el régimen eléctrico riojano.
- El beneficio a los usuarios se vinculó a reclamos judiciales contra el cuadro tarifario nacional.
- El caso podría sentar un precedente sobre hasta dónde pueden llegar las provincias al desacoplarse de los aumentos nacionales.
La Corte no declaró inconstitucionales las normas provinciales ni hizo lugar, por ahora, a la cautelar pedida por CAMMESA: el análisis de fondo quedará para después de las contestaciones de demanda o del vencimiento del plazo procesal.
La decisión firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti convirtió el planteo en un juicio ordinario y dejó abierta la discusión sobre la validez del régimen eléctrico aplicado por Quintela. Mientras tanto, el litigio suma tensión a un escenario ya atravesado por la controversia en torno al costo de la energía, el peso de los subsidios y la capacidad de las provincias para diseñar sus propios esquemas tarifarios.
