Régimen automático para agilizar el financiamiento empresario
NewsITe
La Comisión Nacional de Valores (CNV) puso en marcha un nuevo régimen de autorización automática para emisiones de deuda y acciones, con el objetivo de simplificar el acceso al mercado de capitales y reducir tiempos burocráticos para las empresas que buscan financiarse.
[p]
El corazón de la reforma es el “Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto Ampliado”, que reemplaza la tradicional aprobación administrativa por un esquema de presentación informativa, conocido en la jerga como notice o filing. De este modo, la mayoría de las emisiones locales de títulos valores ya no requerirán un visto bueno previo de la CNV.
Según la normativa, las compañías podrán emitir acciones u obligaciones negociables por hasta 100 millones de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), un rango estimado entre 130 y 140 millones de dólares al tipo de cambio actual, sin intervención autorizante del regulador. La medida apunta a que las decisiones sobre el momento de salir al mercado recaigan en las propias empresas y no en los tiempos administrativos del Estado.
Más margen para CFO e inversores calificados
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, remarcó que el cambio implica que “la gran mayoría de las emisiones de deuda” por debajo de ese umbral quedarán exceptuadas de autorización previa de la CNV. En esa línea, sostuvo que la decisión de emitir pasará a estar en manos de los directores financieros (CFO) y no de un funcionario público.
La norma también redefine quiénes pueden ser considerados inversores calificados. El patrimonio mínimo exigido para personas humanas residentes se reduce de 350.000 a 200.000 UVA, equivalente aproximado a 70 millones de pesos o unos 300.000 dólares en activos o depósitos dentro del sistema financiero. De esta forma, se amplía el universo de actores habilitados a participar en operaciones de mayor envergadura.
Para emisiones que superen los 100 millones de UVA, se mantiene la ausencia de autorización previa, siempre y cuando los instrumentos estén dirigidos exclusivamente a este segmento de inversores calificados, considerados con mayor capacidad de análisis y tolerancia al riesgo.
Cambios para fondos comunes y beneficios para PyMEs
La reforma introduce además ajustes en los instrumentos de inversión colectiva. En el caso de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCIA), se elimina la aprobación previa sin discriminar por tamaño del fondo ni perfil del comprador. Para los Fondos Comunes de Inversión Cerrados (FCIC), las Obligaciones Negociables y los Fideicomisos Financieros, se los incorpora al régimen de autorización automática hasta el tope de 100 millones de UVA.
- FCIA: ya no requerirán aprobación previa en ninguna de sus variantes.
- FCIC, obligaciones negociables y fideicomisos: ingresan al esquema automático hasta 100 millones de UVA.
- Emisiones superiores a ese monto: podrán realizarse sin autorización si se dirigen a inversores calificados.
El nuevo marco también contempla incentivos específicos para pequeñas y medianas empresas. Las PyME CNV y las emisoras con aval de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) podrán sumar este régimen a los beneficios ya existentes. En particular, no se les exigirá contar con comisión fiscalizadora ni presentar estados contables bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), siempre que permanezcan dentro del régimen PyME.
“Ahora será mucho más fácil para una PYME emitir un bono para financiarse sin recurrir a otros mecanismos formales o informales”, destacó Sturzenegger, al señalar que el objetivo es que el mercado de capitales compita como alternativa frente al crédito bancario tradicional.
Para las empresas de mayor tamaño que opten por el régimen automático se mantiene la obligación de cumplir con el régimen informativo pleno: informar hechos relevantes y presentar balances con estándares internacionales, aunque se otorga un plazo de 180 días para adecuarse. Con la reducción de trámites y plazos, el Gobierno apuesta a que el sector privado “recoja el guante”, innove en productos financieros y conecte a las compañías que necesitan capital con ahorristas locales interesados en invertir en el país.
